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Consejera para DD.HH. verificó en campo situación de indígenas del Alto Baudó, Chocó

Las comunidades han estado confinadas en sus territorios por las acciones de los grupos armados al margen de la ley.

La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, lideró este viernes la comisión del Gobierno que viajó hasta el municipio chocoano de Alto Baudó, para verificar la difícil situación que padecen las comunidades indígenas, confinadas en sus territorios por las acciones de los grupos armados al margen de la ley.

“Pudimos verificar el confinamiento y el desplazamiento que han tenido los indígenas Embera, efectivamente, como lo ha hecho saber la Fuerza Pública, por el enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo (…) Buscamos poder garantizar seguridad alimentaria y el retorno de las comunidades a sus territorios con esquemas de seguridad”, indicó la funcionaria al finalizar la visita a la comunidad de Miácora en el Alto Baudó.

Son 700 familias, un poco más de 3 mil personas, las que han tenido que desplazarse en municipios como Bahía Solano, Bojayá y Alto Baudó, por las acciones de los actores armados. “Realmente es una situación crítica y por eso esta jornada humanitaria de revisión de todas las vulneraciones de derechos humanos”, reiteró.

Esta visita se realizó en un contexto de reiterados llamados de la Iglesia católica, las mismas comunidades indígenas y alertas tempranas de la Defensoría sobre el inminente riesgo y la configuración de un escenario de vulneración de derechos, que siguen padeciendo las comunidades afro e indígenas por la disputa territorial permanente entre el ELN y el Clan del Golfo.

La comisión, también integrada por el viceministro de Interior, Carlos Baena, y del director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, se desplazó finalmente hasta la ciudad de Quibdó, donde participaron en la clausura de la Mesa Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y socializaron tanto los hallazgos como los compromisos.

Por parte del Ministerio del Interior, se comprometieron a apoyar a la Guardia Indígena con la financiación de un proyecto que les permita generar mecanismos de autoprotección, además de dotar a la comunidad con un bote a motor, y proyectos de artesanías para las mujeres con recursos del Fondo del Buen Vivir del Gobierno Nacional.

El segundo compromiso fue establecer una mesa de trabajo conjunta, donde se defina el inicio del desminado militar en las comunidades. Esto será el viernes 12 de marzo, cuando está prevista la visita del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

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