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Gobierno defendió el plebiscito ante la Corte Constitucional

‘No tengo la obligación constitucional de someter el acuerdo final de paz a la refrendación pero sí tengo la facultad de hacerlo’: Santos

Se cumplió la audiencia pública en la que la Corte Constitucional escuchó más de 20 intervenciones en defensa y en contra del plebiscito como mecanismo de refrendación para el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Las primeras intervenciones del día estuvieron a cargo de los representantes del gobierno; defensores de este mecanismo como la herramienta que garantizará que la última palabra la tenga el pueblo Colombiano.

‘No tengo la obligación constitucional de someter el acuerdo final de paz a la refrendación pero sí tengo la facultad de hacerlo’: Santos

Quien encabezó las intervenciones fue el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien durante su discurso insistió en que le cumplirá a los colombianos en que serán ellos quienes definan si aprueban o no lo pactado con el grupo guerrillero. Al exponer las razones políticas y jurídicas por las cuales el Gobierno y el Congreso eligieron el plebiscito como el mecanismo idóneo para la refrendación de los acuerdos, el jefe de Estado reiteró que la mayor legitimidad es la voz del pueblo.

“El ciudadano, el colombiano y el Presidente se hacen uno para pedir a esta Corte que declare exequible la Ley Estatutaria que regula el plebiscito sobre el acuerdo final de paz (…) Creo que debemos detener el sufrimiento de las víctimas y proteger sus derechos, creo que Colombia debe volver a ser un país normal –sin guerra–, y creo que la paz es una condición necesaria para construir una sociedad justa. El plebiscito no es nada diferente que regresar ante el pueblo que me eligió a preguntarle si considera que cumplí mis compromisos como su mandatario para lograr la paz”, dijo el presidente.

El jefe de Estado añadió que su mayor deseo es entregarle al pueblo un país en paz y que por ello ha insistido en que el acuerdo debe someterse a la refrendación, lo que le dará “el mayor sello de legitimidad –ante el mundo entero y ante nosotros mismos– a la fase de implementación de los acuerdos para la construcción de paz”.

Para el mandatario esa refrendación va a garantizar la implementación de los acuerdos de la mano con las normas que se tramiten en el Congreso de la República.

“Es cierto que no tengo la obligación constitucional ni legal de someter el acuerdo final de paz a la refrendación popular. Pero sí tengo la facultad de hacerlo, y lo voy a hacer –si la Corte me lo permite–, no solo como un acto de democracia, sino en cumplimiento de la promesa que hice ante los colombianos”, subrayó.

El primer mandatario le dijo a los magistrados que el acuerdo será integral y que no se puede fraccionar, por lo que a través del plebiscito los colombianos definirán, con un sí o con un no, si el acuerdo en toda su complejidad es o no aprobado.

‘El Plebiscito deberá ser el punto de encuentro de la Nación colombiana en torno a uno de sus temas cruciales’: De la Calle

Por su parte, el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana, Humberto de la Calle, durante su intervención se concentró en la importancia del acuerdo sobre el blindaje jurídico del acuerdo y la sostenibilidad que el plebiscito le dará para que no fracase en los próximos cinco años.

De la Calle indicó que la implementación de los acuerdos implica la incorporación de mecanismos ordinarios y extraordinarios que contará con una sólida estructura jurídica que garantizarán su cumplimiento. En esta estructura por eso se contemplan elementos internacionales sin que ello implique que se trate de un tratado.

“Por cierto, quienes reclamaban la aplicación del Estatuto de Roma a la guerrilla, ahora se duelen de los elementos de carácter internacional que se han introducido en los acuerdos. En fecha reciente, Gobierno y guerrilla firmaron un acuerdo que toma elementos del derecho internacional para permitir que, a través de un Acuerdo Especial en los términos del Artículo común 3 de los Protocolos de Ginebra, se canalice el Acuerdo Final que se llegue a suscribir en La Habana”, insistió.

Al destacar que no se trata de una concesión a las Farc, el jefe negociador manifestó que el ingreso al bloque de constitucionalidad es una necesidad para no cometer errores en los que se incurrieron en el pasado.

“Es el momento de reiterar que el reciente acuerdo sobre blindaje jurídico no puede interpretarse como una actitud del Gobierno para debilitar el compromiso de permitir que los ciudadanos tengan la última palabra. Es más: es todo lo contrario. En la medida en que lo acordado fue incluido en el texto del Acto Legislativo, lo cual significa que debe ser interpretado como un todo, es claro el requisito dispuesto por el Congreso sobre la condicionalidad de todos los mecanismos”.

Entre otros argumentos, De la Calle explicó que el Acuerdo Final ha cuidado de los pormenores para gozar de las garantías democráticas necesarias a través del cual se pretenden que la guerrilla no deje de lado sus ideas “sino su métodos. Y disenso en Colombia porque hay reparos provenientes de diversos sectores. Es un ejercicio legítimo”.

“El Plebiscito deberá ser el punto de encuentro de la Nación colombiana en torno a uno de sus temas cruciales. Debe ser el ágora en la que se decida el camino que tendremos que recorrer como comunidad nacional. De la divergencia a la unidad. No tenemos otro camino”, puntualizó.

“La voz colectiva de los colombianos es la que hará el engranaje entre un acuerdo político como será el Acuerdo Final” Jaramillo

Otro de los defensores del plebiscito fue Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz. En su discurso, entre otros temas, manifestó que durante a través de la justicia transicional, en ninguna otra negociación una guerrilla dejará tantas armas para someterse a un régimen ordinario de penas ni tampoco se había visto que las víctimas fueran el centro de la negociación; dos argumentos para señalar que el Acuerdo Final requiere de un ajuste legal y constitucional.

Indicó además que utilizar como mecanismo una asamblea nacional constituyente para realizar las reformas que implican los acuerdos “es un camino equivocado” ya que por un lado se requiere de una transformación de fondo y por otro, que “este proceso no es emprender aventuras constituyentes, es terminar el conflicto para poder llevar a la realidad con mayor eficacia los derechos consagrados en la Constitución”.

Jaramillo reiteró que los acuerdos tienen un enfoque territorial, lo que obliga a crear las condiciones de la transición que requiere su implementación, esto implica tener los instrumentos constitucionales y por eso instó al Alto Tribunal declarar exequible el plebiscito.

“El detonante y el punto nodal de la transición es la refrendación. Es la voz colectiva de los colombianos, de los que viven en Bogotá, o en Cali o en Medellín, pero también de los que viven en el El Tarra en el Catatumbo, o en Piñuña Negro en el Putumayo, o en Don Gabriel en los Montes de María, la que hará el engranaje entre un acuerdo político como será el Acuerdo Final y su introducción por las vías institucionales al ordenamiento jurídico”, dijo.

Al explicar los argumentos por los cuales el gobierno presentó el plebiscito como el mecanismo idóneo para la refrendación, manifestó que el objetivo es facilitar la participación de todos los colombianos. Dijo que el fin del conflicto no está contemplado como un “pacto militar” o “un acuerdo entre élites”, y que el debate está abierto para que los colombianos decidan la conveniencia de los acuerdos.

Para Jaramillo el plebiscito movilizará una masiva participación ciudadana y esto le dará el fundamento de legitimidad al darles la soberanía a los ciudadanos. Puntualizó en que no es momento de convocar a resistencia civil en contra del proceso de paz sino a la participación.

“Por último, la refrendación sienta la base política de la implementación. Como hemos dicho tantas veces, la negociación en La Habana ha sido de una extraordinaria dificultad, pero esa dificultad palidece frente al tamaño de los retos de la implementación. Por tanto requerimos con urgencia de un instrumento idóneo, como lo propone este proyecto de ley, que convoque a los colombianos y construya, si así lo deciden, una voluntad colectiva de llevar a la realidad los acuerdos. Dicho de manera sencilla: de que todos pongan para que las cosas pasen”, explicó.

Gobierno confiado en que Corte avalará plebiscito

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se mostró esperanzado en que el Alto Tribunal avalará el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos y que, a pesar de que las Farc aún no lo reconocen, espera que los negociadores puedan convencerlos en los próximos días.

Durante su intervención en la audiencia, Cristo manifestó que esta ley del plebiscito es especial, excepcional, histórica y única al darle voz al pueblo para definir si aprueba o no lo pactado en La Habana. Manifestó que la Corte podrá revisar que durante el trámite de esta ley no hubo trámites ni vicios y que al contrario fue revisada de forma minuciosa para garantizar su aprobación.

"Con la participación de los colombianos queremos que se dé por finalizada esta etapa dolorosa de la historia nacional (…) los acuerdos solo podrán implementarse luego de que el pueblo se haya pronunciado", indicó.

Indicó que el umbral del 13% que requiere el plebiscito fomentará una participación masiva e histórica de los colombianos en las urnas y que este efecto vinculante es una muestra del cumplimiento de los acuerdos.
Por otro lado, indicó que la campaña por el plebiscito iniciará una vez el presidente lo indique a través de un Decreto, de ser aprobado por la Corte, y será ahí cuando los funcionarios públicos podrán oficialmente respaldar el sí por la paz. Es por eso que actualmente no se puede considerar que haya participación en defensa por el plebiscito en la que puedan incurrir los funcionarios públicos para que sea considerada una falla disciplinaria.

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