Gobierno asume recursos en salud, educación y agua de La Guajira
Luego de las irregularidades que se registran de tiempo atrás en el manejo de recursos públicos en el departamento de La Guajira, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) decidió que a partir de hoy el Gobierno Nacional asumirá el manejo de los casi $785.00 millones que gira la Nación a este departamento para la provisión de agua potable, salud y educación.
De acuerdo con el Conpes alcanzado en horas de la mañana, "una evaluación detallada de estos sectores muestra grandes falencias en el uso y manejo de estos recursos por parte de la Gobernación y los municipios receptores. Esto ha generado que estos servicios no lleguen efectivamente a una gran parte de la población guajira". Es por ello que desde ahora toda contratación se efectuará a través de la Nación.
Para esta intervención se crearán grupos élites en cada uno de los ministerios correspondientes que contarán con recursos por el orden de $513.000 millones para educación, $56.000 millones para agua y $216.000 millones en salud. Los ministerios de Salud, educación y Vivienda trabajarán con las autoridades locales para implementar mecanismos de contratación eficientes.
El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria explicó que por cuenta de incumplimientos e irregularidades en cada uno de estos servicios se adoptó esta medida:
Salud
Se identificó que el departamento ha incumplido con el plan previsto en materia de salud en donde hay más de 27 procesos sin defensa judicial y se ha incrementado el déficit en recobros y pasgos del No POS y régimen subsidiado, sin contar la mala atención. Además se evidenció que se superaron los topes autorizados para gastos administrativos en más del 100%.
“Por incumplir este plan, se ha tomado la decisión por parte del Conpes de suspender los giros que son alrededor de $22.000 millones en materia de salud, y será el Ministerio de Salud el que de ahora en adelante y por lo menos un año, el que llevará a cabo la operación de la salud de La Guajira”.
Educación
Lo hallado en este sector es que hay un riesgo inminente en la prestación del servicio dado que la información del departamento no se ajusta con los registros nacionales, no se registra la ejecución de recursos, entre otras irregularidades, se determinó que los “480 mil millones de pesos serán administrados por lo menos por un año o más, por parte del Ministerio de Educación”.
Agua potable
Dado que el departamento no cuenta con agua potable, la cobertura está por debajo del promedio nacional y solo tres municipios de quince suministran agua apta para consumo humano “se va a intervenir los recursos del SGP y los saldos disponibles en planes departamentales y agua”.
El Conpes advirtió que este departamento no ha ejecutado las transferencias para agua de las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por cerca de $39.101 millones y actualmente se encuentran suspendidos 17 proyectos de agua por Gobernación y alcaldías no han nombrado interventorías.
Cabe destacar que el departamento de La Guajira atraviesa por una evidente crisis institucional en la que cinco gobernadores han pasado por la administración en los últimos seis años, de los cuales cuatro actualmente están detenidos y que su capital departamental no tiene alcalde.
A propósito se espera que esta semana el Gobierno Nacional nombre a un gobernador encargado en reemplazo de Wilmer González y al alcalde encargado para Riohacha quien ocupará el cargo de Fabio Velásquez, ambos funcionarios capturados por corrupción.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas explicó que hoy quedarán firmadas las resoluciones que delegarán a los tres funcionarios que quedarán en cabeza de los recursos de estos sectores para el departamento.
“El Ministerio de Hacienda expedirá tres resoluciones designando a los administradores temporales, tres personas que se encargarán el sector de educación, salud y agua potable. Tendrán competencias y funciones sobre todas las administraciones tanto departamentales como municipales en materia de estos tres sectores”, dijo.
La medida está contemplada a tres años sin embargo, el Gobierno examinará si a un año las dificultades en estos sectores fueron superadas para su prórroga o suspensión.
