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Más de 146 escuelas en Montes de María están a punto de derrumbarse: Defensoría del Pueblo

La entidad solicitó al Gobierno Nacional dinamizar la infraestructura escolar para el posconflicto; los menores no tienen ni baños, ni comedores ni cocinas en buen estado y las aulas de clase no son dignas para estudiar.

Así lo manifestó Irina Junieles, defensora del Pueblo en Bolívar, luego de realizar una inspección en varias instituciones educativas de la región y encontrar que no han sido tenidas en cuenta las denuncias de la Defensoría frente a que más de 146 escuelas presentan falencias estructurales y en servicios básicos.

“112 escuelas en Carmen de Bolívar, 34 en San Jacinto y varias en María la Baja están ad portas de un derrumbe; no hay ni baños, ni comedores, ni cocinas y los techos y paredes están agrietados en su gran mayoría. Aquí ni servicio de transporte para los menores se encuentra ”, señaló la funcionaria.

Así mismo, aseguró que se puede evidenciar el incumplimiento de acuerdos hechos años atrás con el Gobierno Nacional para brindar entornos escolares dignos para niños, niñas y adolescentes; la Defensoría afirma que estas condiciones ponen en riesgo a los menores y sumado a la situación, más del 80% de los predios, donde funcionan las escuelas, asegura Irina Julienes, no están en condiciones legales para su reparación:

“Las razones que dan los gobernantes tienen que ver con que los predios no están legalizados; y como consecuencia de eso no se pueden hacer inversiones públicas”, indicó.

La defensora Julienes dijo que la recomendación al Gobierno Nacional es legalizar los predios para poder invertir y generar los proyectos y los procesos necesarios para la inversión pública que también es necesaria desde los niveles nacional, departamental y local.

También se conoció que ya en ocasiones pasadas, la Defensoría del Pueblo ha tenido que intervenir para que se cambien los entornos escolares de los menores de la región pues el año pasado, un juez ordenó cerrar una escuela por su precario estado y porque la misma representaba peligro para los menores.

Y es que las mismas comunidades de la región han tenido que establecer lugares dónde recibir clases para evitar que los menores dejen de estudiar, así lo asegura Mirleidis Barrios, docente de uno de estos centros educativos:

“A los niños se les cocina en lo que era un laboratorio de física; realmente no tienen un restaurante escolar; comen de pie; cocinan en fogón de leña y ahora estudian en una capilla que no está adecuada para que puedan recibir sus clases, pero no hay otro lugar. Lo más grave... La capilla está por derrumbarse”, sostuvo la docente.

La preocupación no es menor para los padres de familia que como María Vásquez, habitante del corregimiento de arenas, en Bolivar, asegura que ni servicio de salud tienen los menores.

“Nosotros aquí no contamos con un médico o con un promotor de salud para que en el momento en lo necesitemos nos preste atención, por lo menos primeros auxilios”. comentó.

El Ministerio de Educación al parecer ha hecho seguimiento a algunos acuerdos que se hicieron en el año 2013, donde hubo 91 compromisos del Gobierno con la comunidad; esto, a raíz de varias manifestaciones que realizó la misma población y donde se pactó entre otras, realizar los cambios a la infraestructura de los centros educativos pero a la fecha , según la Defensoría del Pueblo, de más de 150 predios por legalizar tan sólo se ha hecho la gestión por 16.

Por último, la Defensoría advierte que al no realizarse el procedimiento de legalización de predios, la inversión pública no podrá llegar a la región; razón por la que llama la atención sobre las condiciones para mas de 5 mil estudiantes matriculados en esta zona del país.

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