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Tramitar las objeciones a la JEP sería una falta grave del Congreso, advierte la oposición

El Centro Democrático insistió en dar trámite a las objeciones presidenciales a la Ley de Estatutaria de la JEP, sin demoras ni dilaciones.

A pesar de que mañana 16 de marzo, por ley el Congreso debe retornar a sesiones ordinarias, solo hasta el próximo martes están citadas las plenarias de Senado y Cámara, donde se designarían las subcomisiones accidentales que tendrán a su cargo el estudio inicial de las objeciones presidenciales a la JEP.

Sin embargo, pese a los llamados que desde el Centro Democrático se han hecho para que este proceso se surta lo más pronto posible, desde la oposición se insistió en que los congresistas no están facultados para controvertir un fallo de la Corte Constitucional, luego de que el alto tribunal avaló la exequibilidad de la Ley.

Así lo advirtió, en carta dirigida al presidente del Senado, Ernesto Macías, la segunda vicepresidenta de esa corporación, Angélica Lozano, quien solicitó no dar trámite a las objeciones hasta tanto no haya un pronunciamiento de la Corte a la consulta elevada a ese alto tribunal por el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón.

En la misiva de 4 páginas, la congresista explica las razones jurídicas por las cuales el Congreso no tendría atribuciones para tramitar este tema, so pena de incurrir en prevaricato y en falta grave sancionada por la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, desde el Centro Democrático se insistió en dar trámite a las objeciones presidenciales a la Ley de Estatutaria de la JEP, sin demoras ni dilaciones.

De hecho, el representante a la Cámara, Ricardo Ferro, en alusión a la consulta elevada por Chacón a la Corte Constitucional, acusó al presidente de la Cámara de estar dilatando el proceso.

Es de recordar que en las últimas horas el expresidente y senador Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, señaló que su colectividad buscará consensos en el Congreso para tramitar las objeciones a la Ley Estatutaria y las reformas que la JEP, a su juicio, amerita.

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