La guerra dorada: entre ecocidio y subsistencia

En el municipio Buriticá, al occidente de Antioquia, se encuentra una de las mayores reservas de oro del mundo. Fue descubierto y habitado por tribus indígenas del grupo de los indios Catíos y gobernados por un cacique llamado Buriticá. El oro fue descubierto desde épocas de la conquista española y con el tiempo dichas tribus se desplazaron producto de amenazas, por parte de los ibéricos, pero algunas familias quedaron allí y generación tras generación trabajaron como mineros ancestrales.

La riqueza mineral de la zona ha generado problemas ambientales casi irreparables tras la pérdida de vegetación, suelos, flora, fauna y agua en razón de la explotación de yacimientos mineros sin los cuidados ambientales necesarios para preservar el medio ambiente.

Con el tiempo y tras descubrir oro en la zona y las ganancias que este proveía, los labriegos abandonaron los cultivos de pancoger reemplazando la agricultura, la pesca y la ganadería por minería ancestral lo que generó una migración inesperada desde diferentes partes de Colombia pasando de 6 mil habitantes a 13 mil en menos de un año, y donde la competencia por el oro derivó en enfrentamientos y el arribo de grupos armados ilegales en busca de oro, con malas prácticas de extracción minera y utilizando materiales nocivos para la salud, químicos como mercurio y cianuro además de millones de litros de agua del río Cauca.  

Con el tiempo llegó a la zona la multinacional canadiense Continental Gold, avalada por el Estado y a la que se le entregaron títulos mineros y licencia ambiental para explotación minera hasta el año 2032, prohibiendo en adelante el uso de algunas tierras y sobre todo cercando a los mineros que explotaban la tierra, según sus versiones, porque eran heredadas y hacía parte de su actividad ancestral. 

El detrimento ambiental por la mala práctica de la minería, que además hace parte de un problema nacional según la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, especialmente en departamentos como Boyacá. Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Santander, Bolívar, Caldas, Valle y Chocó, y que además cuentan con la mayor titulación minera obligó al Estado a buscar medidas de mitigación obligando a todos los mineros a legalizar y formalizar su labor. 

A través de la ley 685 de 2001 se expidió el Código de Minas cuya función es “fomentar la exploración y explotación de recursos mineros del Estado y los privados bajo normas de preservación del medio ambiente y es el marco jurídico que se deberá seguir”.

Los procesos administrativos exigen condiciones que, mineros ancestrales y pequeños aseguran no pueden cumplir, por sus ubicaciones geográficas, por su desconocimiento de procesos y por el costo- beneficio que insisten tiene la legalización. Vender máximo 1 grado de oro al día; no utilizar ningún tipo de maquinaria o químico para procesar oro; tener vida crediticia; estar inscritos en el Registro Único de Comercializadores de Minerales – RUCOM así como en el SIN entre otros. 

Sin embargo, el 80% de los mineros, según la Secretaría de Minas de Antioquia, no están legalizados, según los mineros, porque los procesos administrativos son tediosos, largos y difíciles de cumplir, donde las exigencias legales para formalizarse sobrepasan sus capacidades, geográficas, financieras y hasta culturales.

De otra parte, el Estado busca la formalización para poder garantizar capacitación y formación en protección y cuidados al medio ambiente a partir de la explotación minera, garantizar servicios de salud y protección de riesgos y obligar el cumplimiento de protocolos y estándares nacionales e internacionales para la actividad minera.

Buriticá vive hoy una disputa permanente entre mineros no formalizados, para las autoridades ilegales, la Fuerza Pública y la multinacional Continental Gold. Por un lado, critican que el Estado, a su juicio, los compare con grupos armados ilegales y los combata de la misma forma sin tener en cuenta que su labor es para subsistir.

Denuncian que constantemente pagan vacunas a miembros de la Fuerzas Armadas y grupos ilegales para que se les permita sacar oro de socavones rudimentarios, transportarlo y venderlo en el llamado “mercado negro” por un valor aproximado de $80 mil pesos gramo ya que legalmente no lo pueden hacer pues quienes han logrado formalizarse pueden venderlo legalmente por $120 mil pesos aproximado.

Así mismo reclaman que se da, por parte del Estado, zonas pobres en mineral y que las grandes reservas de oro se han destinado a multinacionales obligando a los mineros a dejar la labor o someterlos a trabajar únicamente para llevar comida a los hogares sin posibilidad alguna de crecimiento o expansión o a emplearse para las multinacionales con malos sueldos y dejando su labor ancestral.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 estipula en sus Artículos 23 y 30 la formalización de mineros y fiscalización para áreas de reserva especial con beneficios de carácter diferencial, es decir haciendo una caracterización específica del tipo de minero, sus necesidades y así poder establecer requisitos de formalización que se ajusten a sus posibilidades.

 

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