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Los “falsos positivos”

fecha linea de tiempo: 
07/01/2009

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Madres de Soacha - Archivo Colprensa

Así fue conocida la ejecución extrajudicial en masa que se dio en el país y que hasta el momento tiene más de 4.300 víctimas con denuncias en investigación por parte de la Fiscalía.

El escándalo se hizo público con la filtración de un documento que había sido desclasificado por el National Security Archive de la Central de Inteligencia estadounidense – CIA, el 7 de enero de 2009. En estos se reportaba la unión entre paramilitares y miembros del Ejército, que asesinaron personas y después las hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.

Este fue otro de los golpes de popularidad que sufrió el entonces presidente Álvaro Uribe y el entonces Ministro de Defensa Juan Manual Santos cuando se conoció que desde 2007 conocían que este tipo de infracciones se estaban dando entre miembros de la Policía y los militares, tras los testimonios que un soldado que había pedido la baja en ese año y había escalado en la oficina de la Organización de Naciones Unidas.

Finalmente el testimonio de este soldado fue desacreditado, hasta finales del 2008 cuando la entonces secretaria del Gobierno de Bogotá, Clara López, encontró relación entre las fechas de las denuncias hechas por 11 casos de desaparición en los distritos de Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha y las fechas en que esos mismos ciudadanos fueron declarados como dados de baja en combate en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. En ocasiones las fechas eran no menores a tres días de diferencia lo que sembró las sospechas.

Si bien esta fue una práctica bastante difundida en el país desde 1982 y contenía desde retenciones infundadas a ciudadanos presuntamente sospechosos de pertenecer a los grupos armados ilegales (falsos positivos judiciales) hasta asesinatos ejecutados por las Fuerzas militares, alcanzó su máximo apogeo entre el 2002 y 2008, cuando fueron reportados más de 1200 casos de personas muertas bajos estos hechos en todos los rincones del país.

Progresivamente se conocieron más casos en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Chocó, Arauca, Nariño, Huila, Valle del Cauca y Sucre, que fueron encontrados en todo el territorio, lejos de sus casas y sin pruebas concluyentes que los vincularan con alguna de las organizaciones guerrilleras del país.

Normalmente se trataba de campesinos, líderes sociales, jóvenes de las periferias de las ciudades, algunos de ellos con discapacidades físicas, que fueron engañados con falsas promesas de empleo y terminaron muertos como miembros de la guerrilla caídos en combate.

En 2015, un informe del portal Verdad Abierta reveló que a siete años de haberse iniciado el proceso de investigación, aún había miles de familia a la espera de que sus casos comenzaran a ser investigados y fuera posible la reparación para las víctimas, cuyo buen nombre quedó manchado. Miles de familias hasta el día de hoy esperan saber qué fue lo que les sucedió a sus familiares.

Por estos hechos 27 altos mandos de las Fuerzas militares fueron relevados de sus cargos, sin embargo hay 180 batallones que según el informe presentado por Human Rights Watch en 2015 estarían involucrados en el asesinato y traslado de los cuerpos de estas personas desde sus lugares de origen hasta las zonas donde supuestamente murieron en combate.

A pesar de que más de 30 militares (sólo un coronel entre los enjuiciados) han sido condenados por estos hechos hasta la actualidad, aún no se han condenado a los altos mandos que permitieron que esta práctica se permitiera dentro de las Fuerzas Militares y de Policía de la nación.

Lo militares por su parte arguyeron asuntos como la presión por resultados como uno de los factores que desencadenaron esta trágica cadena de sucesos, tras el sistema de incentivos que fue instaurado desde 2005 en las Fuerzas Armadas del país, en la cual se contaban las bajas del Ejército enemigo como una manera de ascender en rango, además de beneficios monetarios y en días de licencia para quienes lograran dar de baja a guerrilleros.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado en estos años la presencia de una “mano negra” encargada de dilatar los procesos de las víctimas y de encubrir bajo el tema del fuero militar a los verdaderos responsables de este hecho infame en el que hoy en día más de 3000 casos de ciudadanos colombianos que presuntamente perdieron su vida en este esquema, continúan en la impunidad.

fuentes: 

1. Revista Semana 

2. El Tiempo

3.  El Espectador 

4. Universidad de Antioquia

5. Verdad Abierta