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CERRAR

Centros de atención para la tercera edad en Santander están riesgo de cierre

Gobernación les adeuda cerca de $10 mil millones por pagos atrasados, pero ese valor solo cubre el 30% de cada beneficiario.

Más de 3 mil 500 adultos mayores viven en 65 asilos que hay en Santander, allí reciben alimentación, alojamiento y atención permanente. Adicionalmente, hay otros 11.000 beneficiarios de programas estatales que asisten durante el día y regresan a sus casas en la noche, al menos así fue antes de la cuarentena. Pero hoy, esos centros están en riesgo de cierre.

Actualmente, los asilos enfrentan retos que podrían costarles el cierre, aseguró Ángel Quiñones, director de Fundaluz y presidente de la Federación de Centros de Protección y Centros Vida del Adulto Mayor, Fedemayor.

Parte del problema es que la administración departamental no ha girado a los asilos de Santander los recursos del cobro de la estampilla Pro Anciano. “Por recaudo de noviembre y diciembre son cerca de $5.600 millones de pesos y por enero, febrero y marzo, más o menos, $4.000 millones”, afirmó Quiñonez.

Pero el problema no para ahí. Por la cuarentena y sus disposiciones, los asilos perdieron a los estudiantes de sicología, enfermería y otras carreras que desarrollaban sus prácticas profesionales atendiendo a las personas de la tercera edad, se disminuyeron los aportes de los donantes externos y las visitas de familiares de los internos fueron prohibidas para proteger a los adultos mayores.

“Tampoco recibimos implementos de bioseguridad como guantes o tapabocas por parte de las ARL, pues el decreto de la emergencia sanitaria que obligó a estas entidades a suplir estos implementos al personal que labora en la atención de la pandemia no nos incluyó, a pesar de que atendemos a la población en mayor riesgo de contagio”, expresó el director de Fundaluz.

Para empeorar, Fedemayor aseguró que los recursos públicos asignados por la ley 1276 son insuficientes, porque no cubren el valor real que se necesita para atender a los adultos mayores, pues con los recursos entregados solo se suple cerca del 30% del valor que estas entidades necesitan para atender a cada persona que habita en ellos.

La Federación envió un derecho de petición al presidente Iván Duque advirtiendo de la situación de riesgo que vive la población adulta mayor y las consecuencias sociales que trae la desfinanciación de estas instituciones que atienen principalmente a personas de escasos recursos o sin familia. Cerrarlas podría significar para miles adultos mayores el regreso a vivir en la calle, la mendicidad y hasta la muerte.

En el documento solicitan que “reglamente una directriz que apoye económicamente a estas instituciones en el territorio colombiano, pero que sea ajustado a la realidad social (…) de ofrecer a un adulto mayor un centro de protección, atendido 24 horas al día, 30 días al mes, los 12 meses del año”.

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