Según las autoridades, estos capturados causaron un detrimento a las arcas del transporte masivo en un valor aproximado a los 27 mil millones de pesos.
En contra de los aprehendidos, entre los que se encuentran funcionarios de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa, la fiscalía halló pruebas contundentes, entre ellas varios audios y grabaciones telefónicas, que los comprometen seriamente con el ilícito .
Para el juez de garantías, los capturados merecieron ir a la cárcel ya que representaban un grave riesgo para el curso de las investigaciones .
Los indiciados responden por delitos de falsedad en documento privado, acceso abusivo por medios informáticos y hurto.
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