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El anuncio de reformas a los acuerdos de paz: el primer round del nuevo gobierno y la oposición

Analistas señalan que las reformas causarán una fuerte pugna en el legislativo entre las mayorías uribistas y la oposición.

Por: Manuel Arias Naranjo

A menos de 20 días de que inicie la nueva legislatura en el Congreso de la República crece el debate por el anuncio del Centro Democrático de presentar, a consideración del legislativo, un paquete de medidas tendientes a reformar los acuerdos de paz firmados por el Gobierno de Juan Manuel Santos con la desaparecida guerrilla de las Farc.

El anuncio fue realizado por la senadora Paloma Valencia al finalizar las sesiones extraordinarias del Congreso, luego de ganarle el pulso al gobierno Santos con la introducción de dos artículos, propuestos por el Centro Democrático, en el proyecto de Ley de Procedimiento de la JEP.

Estos ajustes limitan las facultades de la jurisdicción, por un lado, en el tema de la extradición y por otro para juzgar a los militares, pues aplaza por 18 meses la presentación de estos al tribunal, mientras en el Congreso se crea una sala especial para su juzgamiento.

No obstante, el gobierno del presidente Santos, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtió la presunta inexequibilidad de estos artículos, por lo que anunció que los demandará ante la Corte Constitucional.

La pugna en la aprobación de la Ley de Procedimiento de la JEP en el Senado es considerada por los analistas políticos como el preludio de lo que vendrá de ahora en adelante en el Congreso, luego de que el uribismo, hoy oposición al gobierno Santos, pase a ser, a partir del 7 de agosto, la bancada gobiernista.

El corazón de la reforma

Según la senadora Paloma Valencia, el manifiesto leído en la plenaria del Senado es un acuerdo de la bancada del Centro Democrático que contó con la aprobación del presidente electo Iván Duque y apunta a reformar la Jurisdicción Especial de Paz en dos puntos sustanciales: la creación de una sala especial para juzgar militares y la objeción a la participación en política de los excombatientes de las Farc vinculados con delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.

En el primer punto, en el que ya se dieron los primeros pasos en la Ley de Procedimiento de la JEP, el Centro Democrático propone la creación de una sala especial donde comparezcan y se juzgue a los militares, activos y en reserva, vinculados con delitos dentro del conflicto armado.

Dicha sala especial tendría dentro de sus características que en ella primaría la presunción de inocencia, por lo cual no habría rebajas de penas por confesiones. Los magistrados que la integrarían tendrán que ser especializados en Derecho Internacional Humanitario y tener conocimientos avanzados en estrategia militar.

Así mismo, habría defensa especial para los policías y militares juzgados en la sala y aquellos que sean condenados serían recluidos en recintos especiales y tendrían libertad condicional cumplidos 5 años de condena.

En torno al segundo punto de la reforma, el uribismo propone condicionar la participación en política de los excombatientes vinculados con delitos de lesa humanidad. Dicha participación en política solo se podría dar una vez los excombatientes paguen las penas impuestas por la JEP y reparen a sus víctimas.

De hecho, el Centro Democrático propone que en las actuales curules del partido político Farc se reemplacen a aquellos dirigentes que hayan cometido delitos de guerra por excombatientes sin este condicionamiento.

Revancha política o convicción de justicia

Para el analista político de la Universidad Javeriana, Hernando Llano Ángel, las reformas propuestas por el Centro Democrático no son más que una reacción revanchista del uribismo, “de lograr en el terreno político y en el terreno legal lo que fue incapaz de alcanzar la Seguridad Democrática en el terreno militar, es decir la derrota y la rendición incondicional y la expulsión, el lanzamiento al ostracismo de la vida política, de una organización que ya ha demostrado con suficiente coherencia su pretensión de hacer política democráticamente.”

Para Llano esta visión es profundamente regresiva debido a que alienta la idea de muchos excombatientes de que en Colombia es imposible hacer oposición alternativa sin el uso de las armas.

De otro Lado, el analista Llano Ángel señala que la intención del uribismo de impedir la presentación de los militares a la JEP “es una pretensión absolutamente cínica del Centro Democrático de eludir responsabilidades, que son políticas, que son civiles, que están en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del exgobernador de Antioquia cuando alentaba las Convivir como alternativa de control del orden público o de supuesta seguridad democrática y cometieron innumerables violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Entonces lo que hay detrás es cambiar la justicia transicional por una especie de justicia transaccional donde quedarían absolutamente excluidos de toda responsabilidad los civiles que tuvieron mando y responsabilidad en políticas nefastas por sus consecuencias de violación de Derechos Humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario porque las Convivir, que auspicia el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez se convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, justamente cuando la Corte Constitucional declaró inexequible una artículo relacionado con el porte de armas y el carácter ofensivo de estas organizaciones”.

Sin embargo, para el constitucionalista Juan Manuel Charry, la intención del uribismo de reformar los acuerdos de paz guarda coherencia con la postura que han manifestado desde que el Gobierno de Santos anunció la apertura abierta de los diálogos con las Farc, pasando por el apoyo del No en el plebiscito y su oposición a la aprobación del marco jurídico para la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso, por lo cual es una reacción apenas obvia, ahora que se convierten en partido de gobierno.

¿Cómo se tramitarán las reformas a los acuerdos de paz?

Si bien es cierto el uribismo anunció que su paquete de reformas sería tramitado a través de proyectos de actos legislativos en el Congreso, la senadora Paloma Valencia no descartó acudir a un mecanismo de participación popular si no se recibe el suficiente apoyo en el legislativo.

Sin embargo, el analista Hernando Llano Ángel acota que a pesar de que las fuerzas del uribismo, más el apoyo de parte de otras bancadas políticas en el Congreso, les dan la mayoría, también es cierto que con la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición, este sector, con fichas claves en el Congreso, va a dar una fuerte batalla política que sin duda no le hará el camino fácil a las reformas uribistas.

Así mismo, Llano Ángel indica que el referendo tampoco será una opción sencilla, dado que el mapa político del país le da mayorías a los opositores de las reformas, a juzgar por los resultados de las pasadas elecciones, donde sumando las votaciones de Petro, Fajardo, De la Calle, e incluso un sector del vargasllerismo, superan los más de 10 millones de votos obtenidos por Duque en las pasadas elecciones presidenciales de segunda vuelta.

El blindaje total de los acuerdos

Así como el ministro Rivera anunció la demanda ante la Corte Constitucional de los artículos aprobados por el Centro Democrático en la Ley de Procedimiento del JEP, también fue enfático en que las reformas anunciadas por el uribismo tampoco tienen futuro ante el alto tribunal, dado que en el acto legislativo que le dio marco jurídico a los acuerdos, estableció que durante los próximos tres períodos presidenciales constitucionales no se les podría hacer reformas sustanciales.

No obstante, Juan Manuel Charry insiste en que este argumento carece de veracidad, puesto que la Corte avaló la vigencia de la reforma constitucional por tres periodos, pero nunca señaló que no se pudieran realizar reformas, por lo cual el Congreso estaría facultado para realizarlas.

"Hay unas normas políticas que pueden ser modificables en el Congreso por las mayorías, pero al final será la Corte Constitucional la que determine hasta donde se puede reformar", explica Charry.

Golpe a la columna vertebral de los acuerdos

Así calificó el Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, las modificaciones a la Ley de Procedimiento del JEP en el Congreso y los anuncios del Centro Democrático de reformar los acuerdos. En una declaración, leída por Carlos Antonio Lozada, el nuevo partido político expresó en uno de sus apartes:

"LA JEP a su paso por el Congreso de la República, fue maliciosamente transformada de modelo de justicia transicional, positivamente ponderado por la comunidad internacional y la doctrina jurídica especializada, en una colcha de retazos que, entre otros aspectos, excluye y otorga privilegios a algunos intervinientes en el conflicto e impide la práctica de pruebas, permitiendo así la burla al derecho de las víctimas a saber y conocer la verdad plena de lo ocurrido durante el conflicto".

Para el partido político el cambio en las reglas de juego pone de manifiesto la intención del presidente electo y su bancada en el Congreso de hacer trizas los acuerdos de paz, a pesar de que constantemente lo negó en campaña.

¿Y la Comunidad Internacional?

No obstante, más allá de las reformas planteadas por el Centro Democrático a los acuerdos de paz con las Farc, para el analista político Hernando Llano Ángel, un cambio en las reglas de juegos en un tratado de Estado como el firmado por el presidente Juan Manuel Santos con las Farc, hablaría muy mal de Colombia en el contexto internacional.

"El país quedaría en los anales de la irresponsabilidad y de la vergüenza frente al Derecho Internacional Público”, sostiene.

Sin embargo, Juan Manuel Charry refuta esta apreciación e indica que en realidad lo importante es cómo se hagan esas reformas.

"Porque acá no es un poco el qué dirán de la comunidad internacional, sino mostrar que hay unas instituciones que funcionan y que funcionan adecuadamente frente a los cambios políticos", indicó el constitucionalista.

Sin embargo, en lo que coinciden los analistas es que las reformas causarán una fuerte pugna en el legislativo entre las mayorías uribistas y la oposición que, sin duda, dará una fuerte pelea para evitar reformas sustanciales en el acuerdo.

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