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Solicitan al Gobierno reactivar los planes de protección a líderes sociales

Para el procurador Fernando Carrillo, se hace urgente implementar más canales de atención por parte de gobernaciones y alcaldías.

Según Ideaspaz, entre enero y marzo fueron asesinados 84 líderes sociales, 26 de ellos en Cauca y 24 excombatientes, por lo que el procurador general, Fernando Carrillo, solicitó al Gobierno reactivar los planes de protección de los líderes sociales para evitar que aumenten los ataques y asesinatos en su contra.

“La historia nos ha enseñado que las crisis económicas o sociales son terreno fértil para menguar los derechos humanos y la democracia”, precisó el funcionario.

Carrillo aclaró que los grupos armados están aprovechándose de la situación del país por la Covid-19, usando a su favor el confinamiento, lo que ha ocasionado que muchos líderes “están siendo asesinados en sus propias casas, por eso es urgente repensar los esquemas de seguridad en el marco de esta emergencia sanitaria”, agregó.

Para el jefe del Ministerio Público se hace urgente implementar más canales de atención por parte de gobernaciones y alcaldías, ya que “la defensa de los derechos de líderes y defensores de derechos humanos no puede quedar en pausa, la justicia debe actuar. No hay excusa para retirarles la protección, pues en muchas regiones están siendo confinados por la criminalidad”.

“En el caso de la ruralidad todavía nos hace falta un diagnóstico de cómo está golpeando la violencia en los territorios y el único indicador que tenemos, lamentablemente, es la muerte de líderes sociales”, explicó el procurador, que agregó que en este momento la violencia se ha encrudecido entre el Eln y las disidencias, lo que ha dejado a las comunidades vulnerables ante la violencia y el coronavirus, por lo que señaló no solo es necesario reactivar los planes de protección, sino crear nuevas estrategias que permitan llegar a cada municipio del país.

“Esta crisis ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para llegar a los territorios. Los grupos armados han aprovechado esa precariedad y desprotección para tomar ventaja y violentar de forma masiva los derechos humanos (…) Esto es, como dicen los economistas, un juego de "suma cero": a menos Estado mayor presencia de los grupos armados, mayores violaciones de derechos humanos y más atentados contra los líderes sociales”, puntualizó.

Ante este hecho, una de las recomendaciones que hizo el ente de control es que el Ministerio d de Tecnologías de la Información y Comunicaciones desarrolle estrategias de conectividad en territorios rurales, “ya que el acceso a las comunicaciones es un factor de protección en zonas donde persiste la violencia”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, pidió al Gobierno crear una estrategia para que los grupos armados ilegales no se aprovechen de la pandemia por Covid-19, para afectar los municipios, ya que desde que inició la pandemia estos grupos han prohibido la movilidad, el abastecimiento e incluso el acceso a las comunicaciones en los departamentos de Nariño y Cauca.

“La comunicación está totalmente restringida, les obligan a no tener celulares a no comunicarse, además usan a los líderes, los campesinos, los afro y a los indígenas para hacer retenes ilegales”, denunció.

El defensor agregó que además de los ataques de los grupos armados ilegales, que ya registran 56 casos de homicidios contra líderes hasta abril de este año, entre las comunidades se están presentando conflictos ante la falta de llegada de las ayudas humanitarias para enfrentar el coronavirus, por lo que urgió al Gobierno a realizar las estrategias de logística necesarias.

“En enero pasamos de 13 casos en 2019 a 24 en 2020, febrero de 9 en 2019 a 18 casos en 2020, marzo de 12 en 2019 a 11 casos en 2020 y hasta el 19 de abril 4 en 2019 a 3 casos en 2020. Es preocupante el incremento de homicidios de líderes sociales y personas defensoras en departamentos como: Cauca, que pasó de 6 casos en 2019 a 14 en 2020, Antioquia, que pasó de 6 en 2019 a 9 casos en 2020, Putumayo, que pasó de 1 en 2019 a 8 casos en 2020, Norte de Santander, que pasó de 4 en 2019 a 5 casos en 2020 y Huila que pasó de cero en 2019 a 4 casos en 2020”, resaltó.

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