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Fijan audiencia contra exfuncionario de la DNE

Publio Orlando Melo es investigado por delitos como peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Por: Colprensa

El juez 40 penal fijó para el próximo 27 de septiembre la audiencia en la que se conocerá si Publio Orlando Melo Ruiz, exfuncionario de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, es culpable o inocente de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos.

Antes de que el juez comunicara su decisión, el abogado de Melo expuso ante el estrado que su cliente padece dos patologías que le han generado complicaciones de salud. Una de ellas es una apnea del sueño, por lo que debe estar conectado a un aparato para dormir en las noches y un aneurisma de aorta que lo tienen ad portas de una cirugía.

El jurista, para certificar estas dolencias, entregó ante el estrado una copia de la historia clínica y demás exámenes que le han practicado al exfuncionario. Bajo estos argumentos solicitó al despacho que en caso de que la decisión fuera adversa, se le concediera el beneficio de la detención domiciliaria.

La fiscal, quien pidió que cumpla sentencia en una prisión, recordó que todo parte médico debe ser suscrito por un forense del Instituto de Medicina Legal y añadió que la historia clínica no logra controvertir la petición de la Fiscalía, que fue apoyada por el representante de la Procuraduría.

El expediente en contra de Melo Ruiz está relacionado con las presuntas irregularidades que se presentaron en la DNE, relacionadas con la adjudicación de bienes que administraba esa entidad y las que llevaron a un desfalco mayor a cinco mil millones de pesos.

A lo largo del juicio, el ente acusador presentó pruebas que relacionaban a Melo Ruiz con la adjudicación irregular de las sociedades Movilgas Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado y Cía., conformadas por 15 establecimientos de comercio. Ese proceso se realizó omitiendo el proceso de invitación pública y sin cumplimiento de los requisitos que exige la ley.

También se expuso que aparentemente incumplió su responsabilidad en "vigilar, hacer seguimiento a las acciones de la compañía", lo que habría permitido que las utilidades que producían estas sociedades no fueran reportadas a la DNE y presentando, además, un cambio de razón social de los adjudicatarios.

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