¿Cómo avanza la reparación integral a las víctimas en Nariño?

Por: Ingrid García

El conflicto armado en Nariño, según un informe de la Fundación Redprodepaz, se cuenta desde mediados de los años ochenta, con la llegada de las Farc y el Eln, quienes conformaron varios de sus frentes y compañías en los municipios de las subregiones del piedemonte, Pacífico Sur, Norte, Cordillera y la exprovincia de Obando.

Ya en los años noventa, hizo presencia el paramilitarismo con la creación del bloque Libertadores del Sur, que inicialmente se movía en el municipio de Tumaco, pero posteriormente su accionar se extendió por las poblaciones de la Costa Pacífica, Telembí y Cordillera.

Las víctimas en su mayoría fueron campesinos y el hecho delincuencial que más registros presentó fue el desplazamiento forzado.

Según el director territorial de la Unidad de Víctimas, Jaime Guerrero Vinueza, a la fecha no se ha logrado avanzar con la mayor parte de esta labor.

“Es bien difícil que Gobierno Nacional entre a indemnizar a todas las víctimas, hablando en el departamento de Nariño no se han alcanzado a indemnizar 100 mil y estamos hablando de más de 400 mil”, señala.

¿Qué se está haciendo a nivel nacional para cumplir las metas de reparación?

El funcionario indicó que en 2017 en el marco de la estrategia ‘Convivencia y paz’, priorizaron departamentos y a su vez municipios con el mayor impacto del conflicto armado. En ese sentido, en Nariño fueron priorizados los municipios de El Rosario, Leiva, Policarpa y Tumaco donde se llevaron a cabo únicamente indemnizaciones administrativas.

Fuente: Unidad de Víctimas Territorial Nariño.

A las cifras referenciadas en la tabla anterior, se suman las de víctimas que fueron indemnizadas en la ruta normal de atención y reparación, que según el director, fue de 1.660 personas por un valor superior a los 11.919 millones de pesos.

Sumadas las víctimas indemnizadas bajo la estrategia ‘Convivencia y paz’ y las indemnizadas en la ruta normal, el resultado es de 3.868 víctimas, por un valor superior a los 24.442 millones de pesos.

¿Cómo avanzan las reparaciones colectivas?

Para este tipo de reparación los lineamientos también son priorizar, en el caso de Nariño serán cuatro municipios: Leiva, El Rosario, La Cruz y Los Andes Sotomayor.

“En el corregimiento de El Palmar en Leiva, se construirán aulas escolares, una placa deportiva, el arreglo de la iglesia y la dotación de buses para el transporte escolar. La meta es tratar de cerrar esos sujetos en Nariño, antes que termine la presente administración”, puntualiza el director territorial de la Unidad de Víctimas.

La demora en los trámites

Rocío Granja es víctima de desaparición forzosa y violencia sexual en el marco del conflicto armado, los hechos ocurrieron en el año 1993 en la vereda El Cerotal, corregimiento de Río Bobo (Pasto).

Ella lidera dos organizaciones de víctimas, la Asociación de Desarrollo Integral para Víctimas Regional Nariño (ADIV), que agrupa 43 personas y la Asociación Mujeres Unidas - Defendamos Nuestros Derechos, que asocia 31 mujeres.

En ambas asociaciones, se han visto casos de reparaciones que han tardado más de 5 años y otras que aún no se han definido, situación que le genera desesperación.

“Es un trámite muy largo para uno llegar a ser reconocido en calidad de víctima. Sabemos que el dinero no nos va a reparar el dolor causado, pero tampoco se nos ha prestado el acompañamiento psicosocial, que es lo más importante”, puntualiza.

Por su parte, Floralba Carrera, víctima de desplazamiento del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo) en el año 2000 y de desaparición forzada y homicidio entre los años 2003 y 2004, en el municipio de Teteyé. Ya fue reparada en Pasto, en el año 2011, por uno de los hechos victimizantes. Sin embargo, afirma que los trámites son demorados.

“Que ya les faltó un papel, cuando uno lo lleva que está bien, pero luego al mes que hay que volver a cambiarlo, y así llevo cerca de 4 años”, afirma Floralba Carrera.

Ante la queja reiterada de las víctimas por la demora en los procesos de reparación, que varían según los hechos victimizantes y lugares de procedencia, estas decidieron acudir a la tutela como medida para intentar minimizar los tiempos. Esta situación llevó al represamiento a nivel nacional, de más de 2 millones de tutelas.

“Se acudió a la Corte Constitucional y esta le pidió a la Unidad presentar una propuesta de indemnización, bajo unos criterios de priorización muy puntuales y técnicamente diseñados. Por esto, antes de finalizar este año, se expedirá un decreto que establece unas rutas de priorización con tiempos”, afirma Jaime Guerrero Vinueza.

¿Qué piden las víctimas?

“Yo lo que les diría es que, por lo menos, tomaran mucha seriedad en lo de la documentación. Hay tan poco tiempo para esto y nada que nos reparan”, dice Floralba Carrera.

“Que se pongan la mano en el corazón, si hablamos de reparación no solo es lo económico, es como persona, como ser humano. Si hablamos de reparación, paz y dignidad, allí empiezan estos pasos para que ellos tengan una vida digna”, sostiene Rocío Granja.

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