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¿Cuáles serían los delitos en el marco de la reventa de boletas para Rusia 2018?

La Federación Colombiana de Fútbol, una empresa y 17 de personas naturales fueron sancionados por la Superindustria.

Tras las sanciones que anunció la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Federación Colombiana de Fútbol, una empresa y 17 de personas naturales por el presunto tráfico y reventa de boletería para los partidos de las eliminatorias del Mundial Rusia 2018, se hace necesario entender cuáles con las conductas fuera de la ley en las que habrían incurrido los involucrados.

Entre la lista de sancionados están figuras como Luis Alberto Bedoya, Ramón Jesurún Franco, Álvaro Gonzales Alzate y Jorge Fernando Perdomo, entre otros directivos de la FCF.

En entrevista con Radio Nacional de Colombia, Francisco Bernate, abogado penalista, analizó este caso, el cual catalogó como “grave” y señaló que en medio de esta situación ya hay un hecho político y ético con respecto a sucesos anteriores con los miembros del actual Comité de la Federación Colombiana de Fútbol y la Presidencia de la Dimayor.

“Ya vienen de un escándalo, porque sabemos lo que sabemos del ‘Fifagate’, que sabemos que el señor Luis Alberto Bedoya, recibió una gruesa suma de dinero por los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, por lo cual está en los Estados Unidos y usted me va a decir que sus delegados no tenían ni idea de lo que estaba pasando, el comité que operó con Luis Alberto Bedoya y que la comunidad puede ver en la famosa serie de ‘Los Presidentes’, pues son los mismos, ahí están”, aseguró.

Así mismo, el jurista sostuvo que no hubo un castigo justo para los responsables de estos hechos, en especial en casos como el de Álvaro González Alzate. “Es el único caso del mundo, en el que hay una grabación de un directivo del más alto estamento del deporte colombiano, grabado cuadrando a un árbitro y no pasó absolutamente nada, después hizo declaraciones contra las mujeres al referirse al fútbol femenino y ahí sigue en pie, y ahora revise en lo que estamos, esto es sumamente grave”, recalcó.

Retomando la situación actual a raíz de la sanción, para el jurista, en primer lugar, hubo un engaño a la comunidad, haciéndole pensar que iba a realizar una convocatoria pública para manejar algo como las boletas, que a pesar de que sea un tema privado, tiene una relevancia desde lo establecido en la ley colombiana.

“Nuestra Constitución política da la importancia que el deporte profesional tiene en términos económicos, en términos sociales y demás, ha dicho que, si bien es un asunto privado, es un asunto de interés público. Entonces, eso de invitar a una licitación para la boletería de la Selección Colombia al Mundial y que de entrada se supiera que todo estaba arreglado, hasta ahí es un asunto muy grave, pero no es un asunto penal porque no es un contrato estatal”, aclaró.

De igual forma, explicó que por otro lado hay un fenómeno como el agiotaje, que hasta hace poco tuvo una modificación en la forma como lo define la Constitución, teniendo presente que, generalmente, el agiotista es esa persona que presta dinero y que cobra altas tasas de interés.

“En Colombia, el agiotaje es un delito en el que incurre toda persona que a través de maniobras fraudulentas altera las condiciones de un contrato. Y mire lo que hicieron acá: se pusieron de acuerdo para realizar una reventa y que las personas terminaran pagando hasta 300 veces el valor de un contrato, de manera que por lo menos estos cinco directivos sí deben darle explicaciones a la Fiscalía en torno al delito de agiotaje”, expuso.

Bernate agregó que, si ese agiotaje se prolongó durante los nueve partidos de la eliminatoria, esto configuraría otra conducta como concierto para delinquir, “porque hubo un acuerdo para cometer un delito que se prolongó a lo largo del tiempo”, dijo.

En cuanto a la empresa Ticket Shop, el abogado señaló que esta fue cómplice de este plan y se volvió el vehículo a través del cual se revendieron estas boletas.

“Por eso es el agente delator dentro del proceso de la Superintendencia, ellos entiendo que tienen una investigación penal en curso, donde incluso, entiendo que ha habido acuerdos con la Fiscalía y donde se espera que Ticket Shop se ponga en el papel que mejor le corresponda a quien ha cometido un error, que es el de colaborar con la administración de justicia en el esclarecimiento de estos hechos”, comentó.

Así mismo, aclaró que la reventa de boletas no es un delito, pero que el contexto en el que se realiza, en este caso, es el que da la connotación que ha llevado a las sanciones e investigaciones correspondientes en este caso.

“Cuando se hace en el marco de un plan criminal, lo digo abiertamente porque lo que hubo aquí fue un agiotaje, se alteró el valor de las cosas a través de una maniobra fraudulenta, entonces aquí sí hay un delito y deben responder por eso”, puntualizó.

El jurista sostuvo que en ese tipo de prácticas anticompetitivas se trata de proteger al consumidor y por eso entra a actuar la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Hasta hace unos años eran investigaciones difíciles, pero se estableció la posibilidad de que uno de los investigados mejore su situación llegando a un acuerdo con la Superintendencia y eso es lo que ha pasado acá, donde Ticket Shop realiza un acuerdo de delación, va a salir a contar todo y va a entregar todas las pruebas de las que dispone”, explicó.

Para finalizar, el penalista expuso que el fenómeno de la corrupción privada, si bien existe, es un “fenómeno legislativo y político criminalmente muy joven”, teniendo en cuenta que los primeros casos de esta clase realmente se develaron en los años 90 en empresas en Europa y en Estados Unidos y que la legislación colombiana sobre corrupción es del año 2011.

“Entonces es realmente un escenario nuevo, donde estamos aprendiendo, pero donde hay avances. Interbolsa fue un gran avance y así otros espacios. Estamos mirando ya cómo este tipo de empresas, puede que tengan dueño, pero está implícito el interés público, el interés colectivo y en ese sentido, tenemos que mirar que aquí hay unos delitos muy graves y que las empresas no son para que los dueños las manejen como una finca”, anotó.

Escuche aquí la entrevista completa a Francisco Bernate, abogado penalista, sobre este caso de reventa de boletas para las eliminatorias de Rusia 2018:

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