Fiscalía ocupó bienes avaluados en $12.500 millones relacionados con el caso de Odebrecht
La Fiscalía investiga el destino de los recursos que recibieron el exviceministro de transporte Gabriel García Morales y los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur de manos de la firma brasilera Odebrecht que pagó 6.5 millones de dólares en coimas y sobornos para adquirir contratos multimillonarios en Colombia.
Al parecer el destino de parte de esos dineros estarían representados en 7 bienes y acciones que suman más de 12.500 millones de pesos. Gran parte de esos bienes, ubicados en la ciudad de Cartagena, además de 2 vehículos y 4 millones de dólares en acciones de propiedad de la empresa panameña Lourión Trading.
"Se logró determinar que a través de los hermanos Ghisays Manzur por orden presuntamente del señor García, se constituyó una empresa en Panamá a través de la cual se canalizaron 2 millones de dólares para la compra de unas acciones en la empresa Pacific Infraestructure. Luego con posterioridad se creó otra empresa Oil & Gas Logistics, a través de la cual se adquirieron otros 2 millones de dólares en acciones en esta empresa Pacific Infraestructure", explicó Andrea Malagón, directora de la Fiscalía de Extinción de Dominio.
Locales comerciales, garajes y otras propiedades hacen parte de los bienes que pertenecían a los hermanos Ghisays, que se ubicaban principalmente en las zonas más exclusivas de Cartagena. La fiscal Malagón indicó que el pago de los 6,5 millones de dólares se hizo a través de empresas en el exterior y poco a poco fue entrando ese dinero al país.
"Estamos en el proceso de solicitud ante las empresas panameñas para que se apliquen las medidas cautelares que nosotros imponemos toda vez que estas dos empresas fueron utilizadas como un instrumento para la ejecución del blanqueo de capitales producto de las actividades ilícitas presuntamente atribuibles a estas tres personas", señaló la fiscal Malagón.
Por ahora la fiscalía Avanza en el rastreo de los dineros que se pagaron por cuenta de Odebrecht a diferentes funcionarios, todo para quedarse con contratos para el desarrollo de la infraestructura del Estado, por esto la fiscal puntualizó que "logramos identificar la trazabilidad del dinero en las empresas de Panamá y cómo retorno hacia Colombia".
