Pasar al contenido principal
CERRAR

HRW advierte que violencia asociada con conflicto adoptó nuevas formas en Colombia

La ONG afirma que en 2019 la población civil sufrió abusos por cuenta del Eln, disidencias de Farc y grupos herederos del paramilitarismo.

En su informe anual, la organización veedora Human Rights Watch, señaló que la violencia vinculada con el conflicto armado ha tomado muevas formas y que los abusos persisten en el país, pese al importante paso de la firma del acuerdo de paz en 2016.

La ONG afirma que en 2019 la población civil sufrió abusos por cuenta del Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de más extintas Farc y grupos herederos del paramilitarismo.

“Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia. El Gobierno ha adoptado medidas insuficientes para proteger a estas personas”, indica el documento.

Así mismo, HRW puntualiza que la violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 8,1 millones de colombianos desde 1985.

“Entre los serios problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas”, sostiene.

La organización manifiesta que durante el año anterior el Eln siguió cometiendo crímenes de guerra y graves abusos contra civiles, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil.

Por otro lado, se menciona la formación de las disidencias de las Farc, sobre la cuales manifiesta que para el mes de mayo las Fuerzas Militares estimaban en más de 2 mil 300 miembros.

El informe recalca que los combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y un grupo disidente de las Farc provocaron que más de 2 mil 200 personas huyeran de sus casas en el departamento de Córdoba entre marzo y abril de 2019.

La ONG hace un recuento sobre hechos relacionados con la Fuerza Pública en 2019, aludiendo al caso del asesinato del excombatiente Dimar Torres en el Catatumbo, que involucró a un uniformado, además de un sargento y un coronel por presunto encubrimiento.

“En 2019, el periódico The New York Times, la revista Semana y Human Rights Watch publicaron documentos que mostraban que, en 2019, el Ejército restableció políticas militares que se asemejan a las que dieron lugar a los falsos positivos. La mayoría de estas nuevas políticas seguían vigentes cuando se elaboró este informe.”, puntualiza.

Expone que en septiembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación había iniciado más de 2 mil investigaciones sobre presuntas ejecuciones ilegales, perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, con lo cual se lograron más de 900 condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios.

ETIQUETAS