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Procuraduría formula interrogantes al Gobierno sobre préstamo para Avianca

El procurador cuestionó sobre si se tiene alguna garantía o compromiso para que los desembolsos se cumplan.

A través de una carta al presidente Iván Duque, el procurador general, Fernando Carrillo, le pidió que explique cómo Avianca pagará los casi 370 millones de dólares por 18 meses, que fueron anunciados para salvarla, cuando desde antes de la pandemia tenía deudas por 5.000 millones de dólares, señalando además que no es la única aerolínea en el país.

“Surgen de allí varios interrogantes: ¿fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones? ¿Cuenta el Gobierno Nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país? ¿Cómo asegurará el Gobierno Nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Como garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar?”, se lee en la misiva.

Así mismo, el procurador cuestionó sobre si se tiene alguna garantía o compromiso para que los desembolsos se cumplan, si se continuarán con otros compromisos y qué estudios se hicieron antes de este tipo de anuncios, que solo deben evitar trastornos en la prestación del servicio aéreo.

“¿Ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca? ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso correlativo al del gobierno nacional? ¿Se asumieron compromisos adicionales, en particular en cuanto a la permanencia de la actual administración, la llegada de una nueva, o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal debería aclararse antes de permitírseles reasumir el control de una empresa parcialmente financiada con dinero del Estado? ¿Cómo serán los desembolsos y cuál será la ley aplicable a los mismos -nacional o extranjera-? ¿Qué incidencia fiscal tendrán?”, pregunta.

Además, el jefe del ente de control advirtió la necesidad de que el país conozca cómo se protege la Nación contra el riesgo de terminar convertida en accionista minoritaria de Avianca, la cual está actualmente en un proceso de reorganización en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

“El Ministerio Público considera necesario no olvidar que el objetivo de esta operación no es realmente rescatar a una empresa específica ni a empresario o accionista alguno de la quiebra, sino garantizar la continuidad en la prestación de un servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica en general, es decir, el objetivo estatal es proteger una actividad de interés nacional. La Procuraduría General de la Nación cree que el Gobierno Nacional debe responder de cara a la ciudadanía todos estos interrogantes, antes de continuar con esta operación y realizar desembolsos de dineros en el proceso de reorganización de Avianca Holdings”, continúa la carta.

Carrillo además le pregunta al presidente Duque que si Avianca no es una aerolínea que presta servicios exclusivamente en Colombia “¿por qué emprender un plan de salvamento sin involucrar a otros países que también se beneficiarían de su continuidad?”, teniendo en cuenta que haciéndolo exclusivamente Colombia puede generar una excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado.

“Si el crédito de la Nación resulta insuficiente para asegurar esto, será simplemente parte de los abonos a la considerable deuda de la empresa, lo cual no asegurará que la misma pueda volver a operar normalmente y se convertirá posiblemente en la primera de varias operaciones similares, consumiendo recursos escasos que el tejido empresarial del país podría haber aprovechado con mayor probabilidad para salvar puestos de trabajo y crear capacidad de generación de ingresos, en ese o en otro sector de interés general", dice el procurador.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público aseguró que “como representante de los intereses de la sociedad, continuará dando seguimiento cercano al desarrollo de los hechos y alertando sobre situaciones o conductas que puedan poner en entredicho el deber del Gobierno de actuar con transparencia absoluta en la inversión de los recursos de todos los colombianos”.

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