¿Qué debería contemplar una reforma a la Policía? Esto dicen analistas

Por: Colprensa y Radio Nacional de Colombia.

La muerte del abogado Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, momentos después de que dos policías hicieran uso excesivo de descargas eléctricas en su contra, ha puesto nuevamente en el debate los límites de la Fuerza Pública frente a la población civil y, en especial, el uso de las armas catalogadas como no letales por parte de sus miembros.

Pese a que se anunció una investigación del caso, la ciudadanía ha salido con indignación a las calles y en medio de los desmanes que se han presentado se exige una reforma estructural a la Policía. De acuerdo con el último balance de las autoridades, durante la jornada de protestas de la noche del miércoles se presentaron 7 muertes, se destruyeron vehículos de transporte público, se afectaron inmuebles y saqueos.

El caso de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez ocurrió en el barrio Santa Cecilia de Bogotá durante la medianoche del martes. Dos policías le hicieron varias descargas eléctricas con una pistola tipo taser, pese a que el abogado pedía que pararan. Esta habría sido la causa de su muerte y la razón por la que los uniformados fueron suspendidos mientras se adelanta la investigación.

Una vez conocido el hecho, desde el Gobierno Nacional, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la institución está dispuesta a entregar toda la información necesaria para aclarar los hechos alrededor de la muerte del abogado de 45 años. Sin embargo, en las últimas horas rechazó los ataques a la institucionalidad que sufrieron varias estaciones de Policía, los cuales clasificó como de origen politiquero.

Para diferentes sectores, el tema debe ir mucho más allá de los anuncios hechos por las autoridades y se debe escuchar la voz de la ciudadanía que pide que estos actos no vuelvan a suceder. Argumentan que se necesita una reforma de fondo alrededor de la potestad que tienen los miembros de la Fuerza Pública para actuar en contra de los ciudadanos. Sugieren que sea más limitado el uso de herramientas como el taser, que fue la que utilizaron los dos policías involucrados en el caso.

Para el analista y experto en seguridad, Jairo Libreros, pese al debate que se ha generado en la opinión pública a raíz del caso, el problema no tiene nada que ver con la regulación de la Fuerza Pública, debido a que la jurisprudencia colombiana y, en particular, la convención de La Habana establece los parámetros con base en los cuales los funcionarios que hagan parte de los cuerpos de cumplimiento de la ley pueden establecer hasta dónde puede llegar el uso de la fuerza o la utilización de armas de fuego, así como las herramientas consideradas no letales, como los tasers.

Según Libreros, el problema real de este caso está relacionado con el principio de proporcionalidad alrededor del uso que se les da a las armas de fuego y a las herramientas de uso no letales, que solo pueden usarse para inmovilizar a un ciudadano que perturba la convivencia y la seguridad. “Todo lo que vaya más allá de eso es uso excesivo de la fuerza”, añade.

En este sentido, el analista indica que debería haber una mejor formación a los miembros de la Fuerza Pública en cuanto al manejo de este tipo de herramientas. Dice que también sería recomendable que se incorporaran parámetros en forma de protocolos para las actuaciones en los diferentes casos donde sea necesaria su intervención.

Por su parte, Ana Margarita González, coordinadora de la línea de acceso a la justicia y política criminal de la Ilex Acción Jurídica, señala que los reglamentos internos que tiene la Policía no son suficientemente detallados ni exhaustivos sobre los límites del uso de la fuerza. Agrega que el problema radica en que la regulación es demasiado amplia, lo que deriva en un vacío legal que facilita la arbitrariedad.

“Al no haber una regulación detallada y específica sobre el uso excesivo de la fuerza, sobre el uso de ciertas armas no convencionales, se genera un caldo de cultivo para que se presenten situaciones de abuso de discrecionalidad. Por otro lado, hay falta de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de sanciones a la Policía”, apunta González.

Según la experta, las investigaciones internas que ellos realizan, en su mayoría, terminan archivadas, lo mismo que los procesos penales. Por esta razón, agrega, sería conveniente mejorar los procesos de investigación, en especial, para que sean más ágiles y generen sanciones ejemplarizantes.

De igual forma, González dice que las actuaciones de la Policía deben regirse por esos estándares del uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos, pero en el accionar de la Policía no se cumple con estos parámetros porque hay muchas situaciones de abuso y de uso excesivo de la fuerza, que se han profundizado en el contexto del Covid-19 donde hay mayores restricciones a la movilidad y a la circulación. “Pierden la materia de derechos humanos”, indica.

Jairo Libreros en contraposición a Ana Margarita González, asegura que en términos de derechos humanos la Policía Nacional ha hecho un trabajo muy destacado durante la última década, porque no solamente ha incorporado parámetros de respeto sino, especialmente, procedimientos que son respetuosos de la vida y la integridad de los ciudadanos.

No obstante, para el caso de las Fueras Militares, señaló que los avances no son tan importantes y que hay todavía deficiencia en materia de derechos humanos y en derecho internacional humanitario.

“La policía más prestigiosa a nivel internacional es la colombiana. Es el servicio de policía que ha resultado mejor evaluado en los últimos cinco años, entre otros tópicos, por su compromiso con los derechos humanos. Que sea esa evaluación tan exitosa no significa que la Policía sea ajena a la comisión de delitos y deje de asumir responsabilidades por actuaciones individuales de los uniformados”, aclara Libreros.

En este sentido, González es enfática en que para evitar que este tipo de situaciones continúen ocurriendo se necesita regulaciones internas más estrictas sobre el uso de la fuerza, el uso de armas y mayor transparencia en la rendición de cuentas internas para evitar la impunidad como el aliciente del abuso.

Para el experto en seguridad y especialista en gerencia, gobierno y gestión pública, Andrés Nieto, la solución no estaría en acabar con una institución como la Policía, como muchos proponen en redes sociales, sino realmente en fortalecerla.

“Cuando hablamos de fortalecer la institución, estamos hablando de mejores policías, que son los que están mejor capacitados, que tienen un proceso de sensibilización en el marco de los procesos humanos y que tienen también garantías laborales y administrativas”, puntualiza.

Comenta que hay un problema en los últimos años, debido al afán de tener más policías en la calle, lo que causa que los procesos de sensibilización y capacitación hayan perdido calidad.

Así mismo, Nieto señala que es necesaria una formación clara en derechos humanos, y pensar bien en la garantía de mediación. Sostiene que hay que recordar que los policías son civiles armados, y que, en ese orden de ideas, hay que entender que su labor es mediar y conciliar.

“El cuidado de la vida está por encima de todo. El uso de la fuerza es último recurso al que deben recurrir en casos específicos”, expone.

Precisamente, la resolución 02903 del 23 de junio de 2017, establece el “reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía nacional”.

En la normativa se define que el uso de la fuerza “es el medio material, legal, necesario y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física (…) para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad”.

La resolución especifica el uso de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, definiéndolo como un medio de apoyo que por su capacidad y características están concebidos para controlar una situación específica, con el objetivo de hacer un uso diferenciado de la fuerza para controlar o disuadir la amenaza, evitando desplegar la ‘fuerza letal’.

Por otro lado, el experto en seguridad resalta que otro punto a tener en cuenta debería ser la salud mental de los uniformados, considerando que hay falta de atención en materia psicosocial.

“Lo más abandonado en la Fuerza Pública es la salud mental de nuestros policías. No es fácil serlo, estar en la calle con todas estas presiones y menos fácil en medio de una pandemia cuando evidentemente fueron de los sectores a los que no se les prestó atención en la protección y que finalmente tuvieron que exponerse a la calle”, reconoce.

En cuanto al uso de mecanismos de neutralización por parte de los uniformados, Nieto hace un llamado al debate para dejar de hablar de armas letales y no letales.

“Las armas por el hecho de ser armas ya son letales. Por eso tenemos que hablar de armas menos letales y es importante porque a veces creemos que las armas ‘menos letales’ no hacen daño y vimos que eso fue lo que ocasionó todo esto”, afirma.

En analista concluye que no se pueden justificar más muertes por un mal procedimiento en la ejecución de los protocolos, y asegura que se necesita la restructuración de la institución, pero con principios claros.

“La reforma no puede quedarse solo en las llamadas ‘manzanas podridas’, porque es que, si fuera una, no tendríamos estos episodios continuos en todo el país. Entonces la reforma es, realmente, pensar en cómo concebimos la Policía en el país. El país se ha concentrado en pensar en cómo luchar contra estructuras al margen de la ley, pero la seguridad ciudadana ha sido de las cosas menos pensadas”, finaliza.