Rodolfo Hernández fue reintegrado a su cargo como alcalde de Bucaramanga
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito resolvió favorablemente la tutela interpuesta hace aproximadamente un mes por Rodolfo Hernández Suárez, en la que solicitaba se levantara la suspensión que le impuso la Procuraduría General de la Nación, y que lo mantuvo separado del cargo como alcalde de Bucaramanga desde el pasado 3 de mayo.
La Procuraduría abrió la investigación disciplinaria contra el mandatario y solicitó su suspensión pocas horas después de conocer el incidente en que Hernández Suárez agredió física y verbalmente al concejal Jhon Claro, ocurrido el 28 de noviembre del año pasado.
El argumento de Hernández Suárez se basó en que el ente de control, al proferir los autos de suspensión provisional y de imputación de cargos, calificó la falta por la que es investigado como “algo más que leve”, forma inexistente en el Código de Procedimiento Disciplinario.
Por ello, en la mañana de este jueves Rodolfo Hernández asistió al Juzgado para notificarse de la decisión: la nulidad de los actos administrativos emitidos recientemente por la Gobernación de Santander y que permitieron nombrar a Germán Torres Prieto como alcalde encargado para el municipio, cargo en el que duró nueve días.
Así las cosas, Hernández Suárez recuperó inmediatamente su calidad de mandatario local.
“Con esta decisión desisto de mi idea de renunciar y, como los de la Procuraduría violaron todos los derechos, el juez decidió anular todo y reintegrarme al cargo, así que llegaré a poner orden”, expresó el alcalde, que una vez notificado se dirigió al edificio administrativo municipal para saludar a su equipo de colabores y ciudadanos que lo acompañaron.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación tiene tres días hábiles para impugnar la decisión ante el Tribunal Administrativo de Bucaramanga.
Adicionalmente, la investigación por la que fue suspendido el alcalde continúa, al igual que otros 20 proceso que se adelantan en su contra por el mismo tipo de actuaciones: agresiones físicas y verbales contra servidores públicos y ciudadanos.
