¿Se reducirá la corrupción bajándole el sueldo a los congresistas?
Por: Juan Carlos Lasso F.
El punto 1 de los 7 que componen la consulta anticorrupción busca reducir de 40 a 25 salarios mínimos el tope de la remuneración mensual para congresistas y altos funcionarios del Estado.
Así las cosas, un senador o representante a la Cámara, que hoy devenga 31.249.060 pesos al mes, quedaría ganando máximo 19.531.050 pesos. Sin embargo, algunos contradictores de la iniciativa sostienen que esto no tiene que ver con mayor o menor corrupción.
Para la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, quien es una de las promotoras de la iniciativa, este primer punto de la consulta surgió luego de que durante tres años consecutivos se presentara al Congreso un proyecto de Ley para bajar el suelo de los senadores y representantes, el cual siempre fue hundido.
“Es injusto y desproporcionado que medio país viva con un mínimo o menos, pero en la cúpula del Estado algunos funcionarios reciban 40 salarios mínimos”, asegura Lozano.
Además, la congresista del Partido Verde sostiene que en países desarrollados como Holanda, un congresista gana 6.000 euros y el salario mínimo de ese país nórdico es de 1.000 euros, lo cual deja ver que la brecha no es tan amplia.
Objeciones
Sin embargo, esta primera pregunta de la consulta ha generado controversia entre algunos sectores de la opinión, al punto tal que se interpuso una demanda por parte de un exmagistrado auxiliar ante el Consejo de Estado.
Según Jefferson Dueñas, abogado demandante de esta pregunta de la consulta, el hecho de que una persona gane mayor o menor salario no quiere decir que sea más o menos corrupta.
Asimismo, asegura que el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado es un asunto determinado por el artículo 187 de la Constitución Nacional y, en ese sentido, para hacer esta clase de reformas sería necesario recurrir a mecanismos como: un acto legislativo o una asamblea constituyente.
Entre tanto, la exsenadora y también promotora de la consulta, Claudia López, expresa que en este caso no se requiere un control constitucional previo, ya que el Consejo de Estado no tiene una potestad de revisar las preguntas sobre las que decide la ciudadanía.
López también agrega que: “Lo único que le estamos pidiendo a esos 395 funcionarios es que en vez de ganarse 30 millones se ganen 20, es decir, 25 salarios mínimos y les parece mal, por eso pusieron una demanda para cuidarse su bolsillo”, puntualiza.
