Así es la ley que busca regular el trabajo de vendedores informales

Por: Manuel Arias

Con base en los numerales 4 y 6 del artículo 140 del Código Nacional de Policía que tipifican como contravenciones la ocupación del espacio público, así como promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público, un agente de Policía, hace algunos meses, impuso un comparendo de 800 mil pesos a un joven por comprar una empanada en un puesto callejero.

La polémica que generó este hecho llevó al Congreso a legislar en busca de regular la actividad del vendedor informal, pero a su vez, garantizar el derecho al disfrute del espacio público por parte de la comunidad. Cerca de un millón 200 mil personas devengan su sustento diario de las ventas callejeras, ocupando andenes, plazas públicas y cualquier otro espacio donde haya circulación de peatones, según el Dane.

La norma, aprobada por el Congreso en la legislatura que recién terminó y a la que solo le resta la firma del presidente Iván Duque, establece “los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales”, como indica el título de la iniciativa de autoría del movimiento político Mira.

Acciones como costosos comparendos y operativos de la Policía para recuperar el espacio público hacen parte del diario vivir de los vendedores informales quienes, conscientes de que infringen la ley, en la mayoría de las oportunidades no tienen una alternativa diferente de empleo, tal como lo manifiesta la comerciante Ana Isabel Cardona, quien reconoce que “enfrentar la calle es complicado, estar a la intemperie y estar expuesto a la policía, no es nada fácil”.

“El vendedor informal está en la calle porque la economía del país lo pone en bandeja de plata para que viva del rebusque”, indica la mujer que devenga su sustento de la venta de calcetines y lencería en un puesto callejero, en medio de la batalla diaria contra el clima, los clientes y las autoridades.

Para la senadora Aydeé Lizarazo Cubillos, la norma, además de buscar la regulación del espacio público, tiene como objetivo fundamental proteger a los vendedores informales de las acciones de las autoridades, que haciendo uso de la ley, les impiden el trabajo en el espacio público. La congresista explica que la idea es reglamentar el uso del espacio público, “para que se eviten precisamente esos atropellos en contra de los vendedores e, incluso, de sus clientes”.

Regulación del espacio público

En materia de uso del espacio público la norma prevé que los alcaldes y mandatarios locales puedan asignar zonas específicas para que el vendedor informal ejerza su trabajo a cambio del pago de una compensación que deberá realizar. Esta asignación del espacio público se debe concertar entre las autoridades y las asociaciones de comerciantes informales.

Estos lugares estarían ubicados en centros comerciales, locales, especialmente acondicionados para estos fines o lugares públicos como plazoletas y alamedas, sin obstaculizar la libre movilización de los peatones.

“Lo ideal sería un espacio agradable para los vendedores informales, para la vista de la ciudad, para el turismo, incluso para la misma relación entre el vendedor y el cliente o consumidor”, explica la senadora Ana Paola Agudelo, quien acota que este es un tema que se debe trabajar con los gobiernos locales, en una tarea que no será para nada fácil, y que se debe concertar en reuniones y mesas de trabajo conjuntas.

Sin embargo, los vendedores informales exigen que estos lugares no sean sitios aislados, para evitar repetir pasadas experiencias cuando han sido reubicados en espacios con muy poca afluencia de clientes.

“Hay gente que la intentan reubicar pero la mandan a sitios alejados y, obviamente, la gente vuelve a sus sitios acostumbrados de trabajo, porque en esos puntos no se vende”, argumenta la parlamentaria.

La seguridad social para el vendedor informal

La norma pretende que los vendedores informales no solo trabajan para el día a día, sino que tengan la oportunidad de cotizar para una posible pensión.

“Se busca garantizar un ahorro para la vejez, porque parte de los recursos que ellos van a pagar para el uso del espacio público, con su pequeño kiosco, irá para un ahorro que les permita obtener una especie de pensión”, expone el senador Carlos Baena, ponente del proyecto.

Para la congresista Agudelo, uno de los objetivos de la ley es que no solo el vendedor informal esté cubierto en materia de salud, sino que se tenga acceso a riegos laborales y pensión.

Esta norma prevé que los comerciantes informales están cubiertos en materia de salud a través del Sisbén, e implementar el programa de Beneficios Económicos Periódicos Sociales (Beps) para la cotización de aportes que les permitan acceder a un ahorro para la vejez. Así mismo, tendrían acceso a las Aseguradoras de Riesgos Laborales, para que les cubran los accidentes a los que se exponen al trabajar en el espacio público.

Programas de capacitación y formalización

Con la venta de sus productos Ana Isabel Cardona genera los ingresos para su familia, pero con esfuerzo paga sus estudios en la universidad.

“Ya tengo cuatro semestres, voy para el quinto y todo ha sido de acá, todo depende de la organización que tenga la persona. Porque desafortunadamente muchos vendedores informales como saben que no tienen que pagar un arriendo juegan con sus ganancias y con su presupuesto”, cuenta la comerciante.

Por ello, aunque el espíritu de la norma busca favorecer el trabajo del vendedor informal, el objetivo a largo plazo es brindarles alternativas para su formalización.

“La norma busca establecer programas y proyectos encaminado a garantizar el mínimo vital de esta población, y a gozar de una subsistencia en condiciones dignas, implementando alternativas de trabajo formal para vendedores ambulantes; desarrollar programas de capacitación a vendedores informales en diversas artes u oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena y fomentar proyectos productivos para los vendedores informales” indica el texto de la norma aprobada por Senado y Cámara.

Los comparendos y la persecución de las autoridades

La medida de fondo busca evitar las confrontaciones entre los informales y las autoridades, aunque ya la Corte Constitucional, en la sentencia C-211 del 2017, señaló que las autoridades para efectuar sanciones, como decomisar mercancías o imponer comparendos, deben hacer una valoración de las condiciones de los afectados, si se trata de una población vulnerable o pertenece a grupos de especial protección. No obstante, en muchas ocasiones este procedimiento no se cumple.

Para Ana Isabel, a pesar de las limitaciones, los vendedores ambulantes deben conocer la ley que les favorece.

“Cuando el vendedor informal se sabe defender con respecto a las sentencias de la Corte Constitucional, que nos favorece en muchos aspectos, como el de la confianza legítima, el derecho al mínimo vital, el derecho al trabajo, pues obviamente la Policía también sabe que puede llegar hasta cierto punto, pero cuando el vendedor no conoce sus derechos es cuando empieza a padecer, entonces suelen hasta empacar mercancía en los camiones, viene el tira y jala y el vendedor en su angustia, porque no le quiten la mercancía, se enfrenta con la Policía”, relata Cardona.

La mujer explica que en caso de que a un vendedor informal la autoridad le imponga un comparendo, se le debe exigir al uniformado que diligencie la casilla donde se aclara si se apelará o no la infracción, porque de esta manera se podrá explicar ante el inspector de Policía su condición social y de esta manera evitar la sanción económica, tal como lo aclaró la sentencia de la Corte.

Justamente, para evitar este tipo de confrontaciones, al regular el uso del espacio público y formalizar la actividad de la venta callejera, la nueva norma elimina la condición de ilegalidad y por ende evita la confrontación.

Sin embargo, Luis Alfredo Cerchiaro Daza, secretario de Gobierno (e) de Bogotá indica que “el comparendo debe ser la última razón de la actuación por parte de la Policía en cualquier municipio”.

La ley, que debe ser sancionada en los próximos días por el presidente Duque, prevé la realización de un censo nacional de vendedores informales, el cual se deba actualizar permanentemente.

“Establecer acciones de control y seguimiento que permitan evidenciar la evolución de la situación socioeconómica de la población, para la toma de decisiones; impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores informarles, a fin de enfocar soluciones a sus problemas prioritarios y el desarrollo de un sistema de registro e inscripción de los vendedores informales, que permita caracterizarlos, para la elaboración de las líneas de acción y programas que integran la política pública”, explica el texto de la norma.

Escuche aquí el informe radial sobre la nueva ley que regulará las ventas informales en el país: