Atención a las víctimas: retos y avances en su reparación

Por: María Camila Sánchez

El 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, es probablemente el día más importante para ellas; o en palabras de Teresita Gaviria “es el día más maravilloso y grande para todas las víctimas de desaparición forzada, de asesinatos y de todas las formas que ha tenido el conflicto”. A pesar de que los retos y las dificultades para la reparación de las víctimas continúan, los esfuerzos avanzan con buenas noticias para esas personas que han encontrado en el perdón la fuerza para reconstruir sus vidas.

En Contacto Directo, Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, exaltó esta conmemoración como una manera en la que los hechos del pasado no se deben olvidar para evitar su repetición, y sobre todo, un momento para reconocer la necesidad de un trabajo articulado entre las entidades del Estado.

“Al recordar contribuiremos a que los hechos victimizantes no se repitan en el territorio colombiano, por eso guardamos sus historias a través de estrategias como la Campaña ‘Dona tu voz, Dona tus oídos’. Estamos comprometidos con la implementación de la política de víctimas en los próximos 10 años y necesitamos trabajar de la mano con las mesas municipales, departamentales y nacionales para buscar posibilidades de avanzar en el mayor número de víctimas restituidas y asistidas integralmente”, indicó.

Ampliación del rango de edad para el pago de las indemnizaciones a través de la ruta prioritaria

La Unidad para las Víctimas dio a conocer que entró en rigor un ajuste a la resolución 1049 de 2019, la cual fija las prioridades para indemnizar a las víctimas del conflicto y a través del cual, personas que tengan edad igual o superior a 68 años podrán entrar al programa de priorización.

En la normativa actual, solo las personas mayores de 74 años estaban dentro de la ruta prioritaria, luego de que la Corte Constitucional ordenara priorizar a un grupo poblacional para el pago de sus respectivas indemnizaciones. Es así como se estableció que ingresarían en esta ruta aquellos que hicieran parte de las siguientes poblaciones: personas con discapacidad, con enfermedades terminales o huérfanas, y mayores de 74 años. Estos grupos se definieron a partir de una proyección presupuestal y después de que la Corte considerara que estas personas estaban falleciendo sin recibir su indemnización.

“Hoy podemos decir que ya le cumplimos a 130 mil personas y nos quedan algo menos de 3 mil por indemnizar; a ellos los estamos identificando para cumplirles”, sostuvo.

Ahora, al cumplir con la mayoría de la población y con el ajuste a la normativa, se amplía la edad de la población priorizada.

“Bajamos la edad de 74 a 68 para cumplir con el mecanismo del pago de la indemnización, sin desconocer que la misma resolución contempla una ruta general la cual, abarca a las víctimas que no tienen en estos momentos estos requisitos de edad, pero que tienen todos los documentos. Son aquellos que llevan años esperando y que no están dentro de los grupos priorizados. El año pasado atendimos casi 10 mil casos y este año, esperamos continuar con la ruta general”, dijo.

Avances para el 9 de abril del 2021

Probablemente el mayor logro reciente de la política para la atención a las víctimas es la prolongación por 10 años más de la Ley 1448, con la que se establecen las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Ante la preocupación de las víctimas por saber qué sucedería con sus procesos, “el presidente Iván Duque, con el apoyo de los parlamentarios, se comprometió a darle continuidad por 10 años más”, explicó Rodríguez.

Entre los hitos alcanzados, el director de la Unidad destacó además su labor como principal actor humanitario en emergencias que se vienen presentando en el territorio y los avances en el Registro Único de Víctimas.

“A pesar de la pandemia y todos los cambios que tuvimos que hacer, hemos continuado con los procesos de atención y asistencia. Qué bueno es poder decirles que en año pasado tuvimos el presupuesto más grande en la historia (1 billón de pesos) para pagar indemnizaciones, por lo que llegamos a 122 mil indemnizaciones en el 2020, con un acumulado de 228.104 durante la administración del presidente Duque. La inversión ha sido superior a 1,9 billones de pesos”, señaló.

Sobre los avances en temas de reparación, Rodríguez destacó que en las medidas para la reparación colectiva se han alcanzado a 25 sujetos en los últimos 30 meses, lo que equivale a una cobertura del 60 por ciento de la población sujeta a reparación colectiva. Además, exaltó que no se han detenido los procesos de retorno y reubicaciones. “Seguimos en este proceso y qué más garantía que tener 10 años más”, agregó.

Retos para los próximos 10 años

El funcionario reconoció que los retos son muchos y que las dificultades no han sido ajenas a los esfuerzos de garantizar la reparación integral de las víctimas. Posiblemente, uno de los mayores obstáculos ha sido el presupuestal.

“La ley nace financiada por medio de un documento Conpes del 2011, pero hay una sentencia de unificación de la Corte del 2013 que modificó su financiación. Cuando nació la Ley no se contempló el hecho victimizante de desplazamiento para ser indemnizado; este es el hecho más grande que aparece en el registro Único de Víctimas, así que desde entonces quedó desfinanciada”, aclaró.

Es así como la Unidad ha venido gestionando los recursos para cumplir con la mayor parte de las labores asignadas a la reparación de las víctimas y las labores complementarias como salud, educación, vivienda y generación de ingresos, para lo cual se han invertido más de 90 billones de pesos. Rodríguez reconoció que las víctimas siguen solicitando las reparaciones individuales y que el reconocimiento de estos fondos es uno de los retos más apremiantes para la entidad.

No obstante, no es el único. Para los próximos 10 años, Rodríguez ha fijado una hoja de ruta para enfrentar los cuatro retos más significativos y apremiantes para intervenir:

• Consecución de recursos adicionales para avanzar en las indemnizaciones y en la reparación colectiva.
• Articulación con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. En este punto se requiere la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la verdad y la Unidad para las Víctimas “para que todos los fallos vayan de la mano”.
• Articularse con todas las otras entidades del Estado para dar cumplimiento a la atención a las víctimas en la oferta institucional.
• Fortalecer todos los procesos de retorno y reubicaciones para que las víctimas puedan acceder a inclusión social con ayuda del Estado.

“Hay que pensar en estos ajustes para dar cumplimiento en los próximos 10 años y si hay necesidad, pensar más adelante en una nueva prórroga mucho más corta, pero en los que podamos cumplir”, precisó.