Corte esperará que Congreso tramite objeciones a la JEP
Luego de estudiar la consulta realizada por el presidente de la Cámara, Carlos Chacón, quien le preguntó a la Corte Constitucional si el Congreso debe o no tramitar las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria a la JEP, la Corte Constitucional decidió declararse inhibida.
La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida por el momento, para ejercer el control automático de constitucionalidad de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Por su parte, Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, manifestó que actualmente sigue el trámite administrativo en el Congreso de la República, hecho por el cual el alto tribunal no puede tomar una decisión de fondo.
"En estos momentos el trámite no ha terminado en el Congreso, que es el órgano competente para las deliberaciones sobre las objeciones, eso no significa que la Corte no pueda en algún momento revisarlo porque si ese trámite en el Congreso produce modificaciones al proyecto de ley e involucra un trámite legislativo. La Corte tiene un control previo, automático y único de constitucionalidad", puntualizó la magistrada.
Por su parte, Antonio José Lizarazo, magistrado ponente de la decisión, explicó que tras la presentación formal de las objeciones presidenciales el proceso de revisión se retrotrajo.
"Cuando un presidente formula objeciones un proyecto de ley se retrotrae al segundo debate, es decir se repite en relación con las normas objetadas", precisó Lizarazo
Por lo cual, Lizarazo también afirmó que la Corte Constitucional realizará sus funciones de control únicamente cuando terminen las discusiones en el Congreso de la República.
Sobre la carta enviada por Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de Representantes, el magistrado Antonio José Lizarazo afirmó que la Corte no es un órgano de consulta, por lo tanto no puede opinar y ni tomar decisiones.
Ahora el Congreso de la República tiene vía libre para entrar a estudiar los seis artículos objetados el pasado 8 de marzo por el presidente Iván Duque. Sin embargo, deberán tomar una decisión de fondo antes del 20 de junio, día en el que se acaba el actual periodo legislativo.
