¿Existe autonomía, control y vigilancia en la Educación Superior en Colombia?

Por: Dayana Rodríguez.

Desvío de recursos, retrasos en el pago de docentes y administrativos, irregularidades en contratos y poca inversión en utensilios y material bibliográfico son algunas de los motivos que han llevado a 30 universidades públicas y privadas a estar bajo la lupa del Ministerio de Educación.

Las instituciones educativas deben cumplir con una serie de reglas que garanticen los estándares de calidad y garantías para estudiantes, administrativos y docentes que se vinculen a la institución.

Esto debe ser monitoreado por el Ministerio de Educación, que bajo la ley 1740 de 2013, está obligado a “establecer las normas de inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (…) y porque en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente establecida”.

El origen de esta ley reside en un gran escándalo que afectó a miles estudiantes en el año 2013. En ese entonces, se dio a conocer que la Fundación Universitaria San Martin sufrió un millonario desfalco que tuvo enormes repercusiones en cerca de 14 mil estudiantes, 4 mil trabajadores de 8 de las 17 sedes a nivel nacional, según dio a conocer Esperanza Martínez, docente universitaria vinculada a la institución durante más de nueve años.

“El no pago a los profesores frenó la manera de llegar a las clases. Los profesores nos comentaban que no tenían cómo llegar a la universidad porque no les habían pagado”, aseguró Cristian Sánchez, líder estudiantil en el programa ‘¿Por Qué Será?’.

Estas irregularidades terminaron en una intervención por parte del Ministerio de Educación y en un escándalo de grandes proporciones en la educación superior en Colombia. Para poder investigar y dar respuesta a esta situación, el Gobierno formuló la ley 1740 de 2013, que fortaleció la vigilancia del Ministerio sobre las universidades.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con lo que establece esta ley. Según el miembro fundador de la Asociación Nacional San Martiniana ASONAS, Yadila Zalamea, “la ley 1740 ha sido un sofisma de distracción para violentar la autonomía universitaria”.

Zalamea, en cambio, hace referencia a la ley 30 de 1992, la “Ley de autonomía universitaria”, que “ha garantizado una legislación sobre la universidad, entendida como un espacio de reflexión de libre pensamiento, de academia, de producción de conocimiento, de ciencia y de investigación”.

Por su parte, la representante estudiantil en pregrado ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, Jennifer Pedraza, aseguró que “quieren limitar la participación de la comunidad universitaria, haciendo que la reforma y la ley de inspección y vigilancia solo retroceda en materia de autonomía universitaria y en materia de democracia”.

La líder estudiantil también aseguró que, en cambio, se debe defender que “todo peso que los estudiantes hayan aportado, muchos incluso endeudados con el ICETEX o haciendo un esfuerzo gigante para acceder a la Educación Superior, debe ser destinado a la calidad de la educación superior y es lo que no ha pasado en las universidades”.

Los expertos mencionados anteriormente, afirmaron en el programa ¿Por Qué Será? que las leyes que deberían reforzar la Educación Superior, no se están implementando de manera correcta pues, a pesar de que en los últimos 7 años se ha sancionado a 37 instituciones de educación con multas de hasta 60 salarios mínimos con la suspensión y cancelación de sus programas, no se ha tomado control de la situación que ha venido afectando a los estudiantes, docentes y administrativos.