Procuraduría suspendió al alcalde de Calarcá por irregularidades en la compra de mercados
La Procuraduría Provincial de Armenia abrió investigación y suspendió preliminarmente por tres meses a Luis Alberto Balsero, alcalde de Calarcá (Quindío) y a su secretario administrativo, José Winser Garzón, por presuntas irregularidades en la compra de mercados para la atención de personas vulnerables ante la pandemia del coronavirus.
El contrato que está en investigación tiene un costo de 396 millones de pesos y la alarma la encendió Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, propietario del Supermercado El Progreso, quien es el contratista, y asegura que el contrato que firmó y efectivamente despachó era solo de 15 millones de pesos y que el documento que aparece en el sistema por la cuantiosa suma tiene, según él, falsificada su firma.
“Hicimos una entrevista al señor Echeverry. Inicialmente indicó que firmó el contrato 005 por una valor de 15 millones de pesos. Sin embargo, encontramos que el documento no se legalizó ni se subió a la plataforma de contratación Estatal (Secop). En lugar de ello, sí había un contrato por el mismo objeto y con el mismo nombre y razón social que estaba legalizado, pero el proveedor manifestó que le falsificaron su firma”, explicó el contralor General del Quindío, Luis Fernando Márquez Alzate.
Márquez recalcó que esto debe servir de ejemplo para todo el país, ya que las emergencias no son para abusar de las facultades que tienen los alcaldes y cometer irregularidades como las que presuntamente se demostraron, para tomar la medida de suspensión en el municipio de Calarcá.
Recordemos que Luis Alberto Balsero Contreras se convirtió en el primer mandatario del país en ser suspendido por un millonario contrato suscrito durante la emergencia de coronavirus.
Mientras tanto, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, designó a la abogada Paula Andrea Huertas como alcaldesa encargada del municipio de Calarcá. Huertas actualmente se desempeña como secretaria de representación judicial y defensa de la Gobernación de ese departamento.
“Mientras la Procuraduría toma decisiones creemos que Paula Andrea Huertas es idónea para ocupar este cargo. Tiene 22 años de experiencia en el sector público, en la rama judicial. También ha trabajado en la Alcaldía de Armenia como jefe de contratación. Inicialmente será por tres meses y esperamos que todo se resuelva de la mejor manera”, puntualizó el mandatario quindiano.
El peso de la ley
Debido a que en el país ya se han presentado diferentes denuncias, sobre robos de ayudas que están destinadas para la atención del coronavirus con casos detectados en varias regiones, el presidente Iván Duque aseguró que será fuertemente sancionados quienes se estén apropiando y desviando los recursos que se han destinado para mitigar los efectos que ha dejado en el país esta emergencia.
“La Fiscalía o la Procuraduría deben castigar con todo el peso de la ley a funcionarios públicos o personas naturales que sean descubiertas en actividades como la apropiación indebida de recursos. El que se robe una ayuda para atender una pandemia solamente cae en la condición de ser un bandido de la peor ralea”, expresó Duque en una alocución en días pasados.
Actualmente la Procuraduría anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el Covid-19.
