Tramitan ley para que vacuna contra el coronavirus la entregue el Estado
Por: Colprensa
En momentos en que se producen en el mundo algunas vacunas para combatir el coronavirus, en Colombia la posibilidad de adquirirlas, lo más pronto posible, se convirtió ya en una prioridad del Gobierno como también del Congreso de la República.
De ahí que en el Congreso ya se tramitan dos proyectos de ley que tienen el mismo propósito. Uno de ellos es el del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Ricardo Ferro, quien plantea el modelo de ‘vacunas por impuestos’, el cual le permitirá al sector privado adquirir vacunas contra el Covid-19, previa aprobación del Ministerio de Salud, de manera que Colombia pueda adquirir el mayor número de vacunas posibles.
Explicó el congresista que se busca sumar esfuerzos entre el sector público y el sector privado, lo cual será determinante para lograr que el país regrese a la normalidad, “eso sí, una vez adquiridas las vacunas, independientemente de que lo haya hecho directamente el Estado colombiano, o los privados a través del mecanismos de ‘vacunas por impuestos’, estas tendrán que ponerse a disposición del sistema de salud para proceder a su aplicación, respetando los principios de universalidad, igualdad, prevalencia de la salud, dignidad humana y gasto público social”, explicó.
Por su parte el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, radicó un proyecto similar que autoriza al Gobierno Nacional, para que en cumplimiento de los artículos 341 y 345 de la Constitución Política de 1991, incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación las partidas presupuestales necesarias para garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población residente en el país, frente al virus SARS-CoV-2.
“Este proyecto de ley busca que la vacuna que contrarreste el Covid-19 sea un bien público, de acceso universal y gratuito. Para eso este proyecto tiene disposiciones que hacen viable ese fin”.
Explicó además que entre los objetos del proyecto de ley radicado en Cámara, se busca que el Gobierno Nacional en función de la disponibilidad progresiva del programa inmunológico y de la vacuna, priorice su aplicación y/o tratamiento a la población más expuesta al contagio como personal de la salud, trabajadoras y trabajadores de servicios de suministro de bienes esenciales; mujeres gestantes, población mayor de 70 años y personas con enfermedades preexistentes.
