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Foto: Archivo Colprensa 2018.

¿Cómo avanza el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos?

Por: Carolina Bustamante

Según un documento de la Alta Consejería para la Estabilización, entidad adscrita a la Presidencia de la República, del billón de pesos que fue presupuestado para el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito se ha gastado el 83 por ciento. Entre tanto, los campesinos que se acogieron aseguran que en varias regiones del país permanecen estancados o no han iniciado los proyectos productivos.  

Luz Perly Córdoba, miembro de la Asociación Campesina de Arauca, hace parte de las 99 mil familias que se comprometieron a sustituir de forma voluntaria cultivos de uso ilícito para darle paso a una vida de legalidad, productividad agrícola y desarrollo agropecuario como fue concertado tras la firma del acuerdo de paz. Pacto bandera de la lucha antidrogas del gobierno de Juan Manuel Santos con el compromiso del Estado a destinar recursos para dicho fin. Sin embargo, esta mujer afirma que el acuerdo no se ha logrado concretar:

“Soy de las más de 365 familias de Arauca que entraron al programa de sustitución. Miembros del Gobierno vinieron, declararon al departamento libre de cultivos de usos ilícitos, pero a la fecha, no hay un solo proyecto productivo andando, porque desde el inicio del gobierno de Iván Duque han estado paralizados”, señaló.

Para la Alta Consejería para la Estabilización, sustituir voluntariamente una hectárea de plantaciones de coca requiere de un alto presupuesto y justifica el gasto así:

El pago de asistencia alimentaria por familia corresponde a 1 millón de pesos mensual (durante 12 meses); adecuación  de tierras para cultivar: entre 9 y 10 millones de pesos dependiendo de  si es un proyecto a corto o de largo plazo; asistencia técnica por 3 millones 664 mil pesos (durante 24 meses) y un total de 13 contratos para sustitución en 51 municipios del país dentro de los cuales sobresalen pagos al Banco Agrario por 235 mil millones de pesos (para girar dineros a las familias del programa); a la oficina de la ONU  para la Droga y el Delito – UNODC-, 188 mil millones por financiar el pago de asistencia alimentaria y cultivos de pancoger. 

Los contratos se firmaron entre los años 2017 y 2018, pero en el año en curso no reporta movimiento alguno, según un documento de la Alta Consejería para la Estabilización, entidad adscrita a la Presidencia de la República.

Erradicación forzada:

El gasto, según la Dirección de la Policía Antinarcóticos, para operaciones de erradicación forzada entre los años 2005 al 2019 corresponde a los 30 mil 900 millones de pesos, invertidos en personal contratado, compra de químicos para aspersión aérea y terrestre, adquisición de equipos y tecnología terrestre y aérea como drones. Lo anterior, gastos por contratación por prestación de servicios sin tener en cuenta el gasto interno de funcionamiento de Fuerzas Armadas.  

Pero, ¿Cuáles han sido las consecuencias en las regiones de la falta de capital, de un proyecto que está detenido y de largos procesos burocráticos para acceder a dichos beneficios?, Luz Perly describió lo que hoy se vive en su región:

“Los cultivadores que trabajan en terrenos ajenos o en el campo, en terrenos alquilados, siguieron pagando arriendo por esas tierras en aras de tener su proyecto productivo, como no llegó, les tocó devolver la tierra. A los recolectores les fue peor: Ellos raspaban hoja de coca, les prometieron pagarles por cambiar de oficio y no ha sido así, por eso muchos se han ido hacia el Catatumbo y Nariño en busca el sustento y reincidiendo”, relata.

Según el Ministerio de Defensa Nacional se tenía una meta de 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos que debían ser sustituidas de forma voluntaria en mayo del 2018 y la meta se corrió para este año por no haberla cumplido y se mantiene en 35 mil, según reveló Naciones Unidas en su último informe, porque dicho proceso fue congelado por el Gobierno actual desde noviembre del año pasado. A esto se suman otras 50 mil por erradicación forzada que deben estar listas para este periodo.  

Pese a esa decisión, hubo un compromiso expreso del mandatario de los colombianos de entregar 20 mil hectáreas para este año, pero, ¿Cómo hacerlo si el proyecto sigue congelado? Y a las 99 mil familias inscritas en sustitución voluntaria, se les prometió cumplir con lo pactado, rubros para la siembra, la pregunta de algunas ONG y sociedad civil es: ¿De dónde saldrá el dinero si el presupuesto asignado ya ha sido utilizado en un 83 por ciento?   

El campesinado que hace parte del proyecto de sustitución del Gobierno, como Luz Perly, hace énfasis en los daños colaterales que traen los atrasos en la entrega de rubros prometidos como los tiempos de cosecha, su vencimiento, así como periodos de siembra, invierno y verano, épocas de cosecha, comercialización de productos entre otros, que no concuerdan con los tiempos que se toman los procesos administrativos para proveer recursos a los proyectos.

“Nosotros sabemos que los cultivos ilícitos son un combustible perfecto para los fenómenos de violencia en territorio, pero frente a la angustia del campesino y lo tentador del negocio ilícito para quien no tiene un ingreso complica la situación. (…) Acá además sufrimos la migración venezolana, no hay empleo y nuestra economía está quebrada y el plan de atención inmediata que se pactó era por un año, ya pasó y los proyectos productivos no iniciaron”, señala Luz.

Guaviare, Meta y Vichada fueron los primeros departamentos del país en someterse al cambio de sustitución voluntaria, a estos se fueron sumando otros, pero el proyecto, según advirtió la Fundación Ideas para La Paz el pasado mes de febrero, está desfinanciado en 600 mil millones de pesos pese a que el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, ha reiterado en varias ocasiones:

"El costo de las familias vinculadas es de 1.6 billones, entre 2019 y 2020. Una parte debe venir este año y otra parte en 2020. Nosotros confiamos en poder gestionar estos recursos ante el Ministerio de Hacienda. Ya le mencionaba que tenemos una solicitud de 500 mil millones que hasta ahora tiene concepto favorable", sostuvo.

A lo anterior y a otros pronunciamientos del Gobierno frente al tema Luz Perly reitera que el incumplimiento ha sido evidente.

“Para nosotros el Gobierno nos dejó 'Colgados de la brocha': pusimos 39 compañeros muertos del COCAM - Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - por apoyar este proyecto de sustitución voluntaria y se nos dejó votados en pleno camino”, asegura.