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ONU rechaza estigmatización sobre asesinatos de defensores de derechos humanos

El organismo internacional mencionó que varios miembros del Congreso de la República descalificaron a los defensores escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP), impidiéndoles posesionarse de sus cargos por haber representado víctimas en el pasado.

BOGOTÁ (Colprensa). La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró preocupada por los homicidios, la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización que están sufriendo los defensores de derechos humanos en el país.

“La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de DD.HH. en el territorio nacional y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos como en acciones que obstaculizan su trabajo”, señaló.

El organismo internacional mencionó que varios miembros del Congreso de la República descalificaron a los defensores escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP), impidiéndoles posesionarse de sus cargos por haber representado víctimas en el pasado.

También hizo referencia a las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al señalar que “altos funcionarios públicos” han manifestado que los asesinatos de líderes sociales son debido a “líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”.

“Esto es muy peligroso, ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”, resaltó la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al tiempo que explicó que el 59 % de estos asesinatos fueron perpetrados por sicarios.

Según la ONU, hasta el 20 de diciembre se han registrado 105 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además, hay once casos en proceso de verificación.

La entidad resaltó que los asesinatos de los líderes sociales han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos.

“El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es muy grave, dado que afecta a la población más vulnerable del país. Estos asesinatos se cometen en lugares donde la presencia del Estado es limitada y las personas no tienen acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos”, dijo.

La organización también manifestó que “las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del gobierno. Además, la magnitud de las repercusiones en el tejido social y comunitario deben ser consideradas por las autoridades estatales en su conjunto”.

Finalmente, La ONU Derechos Humanos reiteró que “ser defensor o defensora de derechos humanos es una labor legítima, necesaria y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible”.

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