Human Rights Watch señala que persisten amenazas contra defensores de derechos humanos
La ONG Human Rights Watch (HRW), en su informe mundial anual, aunque resalta los esfuerzos de paz del Gobierno de Colombia, asegura que el componente de justicia pactado con las Farc contiene graves deficiencias que podrían permitir que criminales de guerra eviten presentar una rendición de cuentas genuina y que los responsables de las amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos no estén compareciendo ante la justicia.
El informe anual para el 2018 de la ONG divide el capítulo de Colombia en 10 fragmentos y uno de los que más llama la atención es el de ‘Negociaciones de paz y derecho a la justicia’, en ese aparte cuestiona la Ley de Amnistía avalada por el Congreso de la República en diciembre de 2016 y la Jurisdicción Especial para la Paz:
“La ley contiene disposiciones que podrían permitir que los responsables de atrocidades se beneficien de amnistías y señala que “la Jurisdicción Especial para la Paz establece una definición de ‘responsabilidad de mando’ (…) para las Fuerzas armadas que se aleja de las normas establecidas del derecho internacional de un modo que podría menoscabar seriamente la rendición de cuentas”.
Otro de los apartes del informe señala que preocupa que sigan existiendo víctimas por el Eln y grupos sucesores del paramilitarismo; “estos grupos sucesores siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales. En ocasiones, se han beneficiado de la tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales”.
A propósito de agentes estatales, uno de los acápites más extensos del informe es el de ‘Abusos cometidos por miembros de la Fuerza Pública’ y señala que en septiembre de 2017 la Fiscalía General de la Nación estaba investigando más de 3.600 presuntas ejecuciones ilegales ocurridas entre 2002 y 2008, y había conseguido condenas contra más de 1.200 soldados. Cuestiona que “en general las autoridades no han juzgado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos”.
Se refiere además a la situación que viven actualmente los defensores de DD.HH. y líderes sociales asegurando que “sufren amenazas de muerte y actos de violencia, sobre todo por parte de guerrillas y grupos sucesores del paramilitarismo y que los responsables de estos abusos con frecuencia no son llevados ante la justicia”.
Llama la atención en el informe la violencia de género en el marco del conflicto:
“La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención luego de hechos de violencia. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son llevados ante la justicia”
Destaca finalmente que las autoridades en Colombia han dado varios pasos importantes para reconocer “los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero pero que en cuanto a la protección de los pueblos indígenas, estos sufren limitaciones desproporcionadas en el goce de los derechos sociales y económicos.”
En el informe global, la ONG insiste en la necesidad de resistir al avance del populismo autoritario, porque el auge mundial que se registra en el mundo pone en peligro las garantías de derechos básicos y favorece los abusos por parte de líderes autócratas.
