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Protestantes, policías y DDHH: un debate pendiente

La ONU ha pedido garantías para los defensores de DDHH que acompañan las marchas.

El 9 de septiembre, específicamente, fue un día crítico para la vida, las cifras que se conocieron la mañana siguiente registraron en solo una noche 10 muertos y decenas de heridos en distintos puntos de la capital.

Las jornadas de manifestaciones presentadas las dos últimas noches, también han dejado bienes públicos destruidos, entre ellos estaciones CAI y buses del transporte masivo incinerados.

El procurador general no tardó en pedir por medio de una carta, de solicitud urgente, dirigida al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que se suministrara información sobre los procedimientos de la Policía Nacional durante las protestas, pues las heridas indicaban que armas de fuego habían sido usadas contra los civiles y las denuncias señalaban a los uniformados de haber disparado.

“El día de ayer el procurador preguntó concretamente al ministro de Defensa, con copia al director de la Policía, si la Fuerza Pública usó armas de fuego contra los ciudadanos, después de toda la situación que se registró el 9 de septiembre”, afirmó Carlos Medina, procurador delegado para los derechos humanos de la Procuraduría General.

Según Medina, hasta el momento no hay respuesta, sin embargo, considera que la pregunta es contundente y básicamente se define en un “sí” o “no”, aun así, están a la expectativa de qué va a contestar el Ministerio de Defensa.

Debido a que la Procuraduría asumió la investigación contra los uniformados involucrados en los hechos que acabaron con la vida del abogado Ordoñez, y ahora está recabando información sobre la respuesta de la Policía a las manifestaciones de la noche del pasado 9 de septiembre que dejó víctimas mortales.

Un escenario controversial en materia de derechos humanos por cómo han sucedido los hechos que aún aguardan por esclarecerse.

“A raíz de la muerte de Javier, la Procuraduría asume la postura de la necesidad de revisar los protocolos y los procedimientos, de revisar la formación en materia de derechos humanos, pero también ha puesto sobre la mesa la necesidad de discutir qué ha pasado con la incorporación de los miembros de la Fuerza Pública, en general, no solamente de la Policía, en los últimos años”, anunció el procurador delegado de DDHH.

El delegado Medina, afirma que desde la Procuraduría se reconoce la necesidad hacer una revisión de quienes se incorporaron los últimos años porque, según él, hay cosas que ni siquiera con formación cambian, y la figura de la Policía es fundamental en cualquier sociedad.

“Nosotros somos conscientes de la importancia de la institución de la Policía en cualquier sociedad. Es absolutamente importante, hay ciudadanos que su único contacto con el Estado depende del contacto con la Policía, por eso la importancia de que el policía sea un hombre bien formado, sea un hombre decente, sea un hombre honesto. Porque si al momento del contacto con este funcionario es agresivo, deshonesto, ese es el imaginario que le queda al ciudadano en relación con el Estado”, analiza Medina.

Por otro lado, el procurador delegado resalta el papel que ha jugado la actual Procuraduría durante los últimos dos años, en los que, afirma, se ha intervenido y estudiado más en materia de protesta social.

“Ya creamos un protocolo de intervención, estamos en terreno y hemos aprendido un poco a leer qué pasa con la protesta social en el país, y sabemos que hay una generación muy activa, en términos de protesta social”, expone.

¿Quién está detrás de las protestas?

Muchas especulaciones corren por redes sociales sobre posibles orígenes, e incluso, personajes políticos que estarían impulsando a las personas a salir a la calle a manifestarse de la manera en que se ha hechos los últimos días.

Medina afirma que, hasta el momento, no se tiene evidencia de que haya una mano organizando estas protestas.

“Este comentario es absolutamente personal, no creo que esta sea una generación que sea manejable, hay una parte de esa generación que creo que es autónoma en su vocación de protesta, y lo que vemos es que el año entrante seguramente se va a ampliar de manera gigantesca”, opina.

El panorama que se ha vivido en los últimos días es solo un inicio, según Medina, que además augura que el movimiento de protesta social se está reactivando.

“Este año, a raíz de la pandemia, ese movimiento de protesta que venía muy activo, quedó absolutamente encerrado, y se está activando en este momento, y creemos que el año entrante se va a activar el doble, más o menos. Lo que no se protestó este año se va a protestar el año entrante”, analiza.

Desde el Ministerio Público se han formulado preguntas como: ¿Cuáles van a ser las medidas urgentes e inmediatas que desde el Ministerio de Defensa Nacional se van a adoptar para evitar que situaciones como la vivida el pasado 9 de septiembre con los resultados que ya se conocen, se vuelvan a presentar?.

¿Quién protege a los manifestantes?

La protesta social, se define como uno de los derechos fundamentales, conocidos y protegidos legal y constitucionalmente en la Carta Magna del 91. Precisamente en el artículo 37.

En el momento, goza de una serie de garantías que podrían estar siendo incumplidas por la Fuerza Pública que se encarga de controlar el orden, pero que sólo hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones, se podría esclarecer.

Por ejemplo, luego de que se revelara que algunos defensores de derechos humanos fueron detenidos en Bogotá y Villavicencio mientras acompañaban las manifestaciones en los últimos días, la ONU entró en defensa solicitando al Gobierno dar garantías a los defensores durante las jornadas.

La representante en Colombia de la Alta Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, informó: “estamos haciendo seguimiento a los casos de los defensores y defensoras de derechos humanos detenidos en Bogotá y Villavicencio. Es fundamental ofrecer garantías para la labor de defensa de los derechos humanos durante jornadas de protesta social”.

A esto se suma la respuesta que el ministro de Defensa y el director de la Policía puedan dar sobre los procedimientos que está llevando a cabo la Policía durante las protestas y si se usaron, o no, armas de fuego en las últimas intervenciones.

Ante la pregunta de qué pueden hacer los ciudadanos para denunciar hechos violentos por parte de la Fuerza Pública, la ONG Temblores puso a disposición la plataforma “¡Grita!”.

Se trata de una plataforma que busca facilitar la denuncia de violencias policiales para así contribuir a su erradicación. Se definen como “un proyecto colectivo en el que creemos que, grabando la violencia policial, registrándola, investigándola, triangulando la información de las denuncias y asistiendo a las víctimas, se puede prevenir el abuso de autoridad de la Policía”.

Según Alejandro Rodríguez, coordinador del Observatorio de Violencia Policial, hasta el día de ayer se registraron 192 casos, sin contar los que se hayan podido presentar el jueves en la noche.

“Es una situación alarmante, nos llama la atención que se ha denunciado que la Policía está usando armas de fuego hacia la ciudadanía sin ningún tipo de pudor. En solo una noche hubo 10 asesinatos y todo tipo de abusos”, informa Alejandro.

Por otro lado, la ONG está trabajando en un informe en el que están registrando las cifras de abusos y violencia policial.

“Desde que el Código de Policía entró en vigencia en 2017, en estos últimos tres años, se ha informado de tres tipos de violencia por parte de la Institución que son una constante. Son la violencia física, homicida y sexual”, explica.

Según, Andrés, los datos que ha recogido la ONG, en materia de violencia homicida han registrado de 241 casos de asesinatos a manos de la Policía, 649 de violencia sexual y 40 mil de violencia física desde 2017.

La organización espera poder publicar el informe final en los próximos meses para mostrar los datos y medir el grado de impunidad ante los crímenes que allí se registran.

La ONG Temblores, es una organización que trabaja por los derechos humanos y que viene documentando los distintos casos de abuso y violencia que involucran a miembros de la Policía Nacional.

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