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Seis personas al mes son desaparecidas en el Catatumbo: Fundación Progresar

La denuncia fue hecha por el organismo defensor de derechos humanos.

La denuncia fue hecha por el organismo defensor de derechos humanos, Fundación Progresar, luego de hacer un estudio sobre el accionar de los grupos armados ilegales en la zona de frontera y el Catatumbo.

En el departamento de Norte de Santander, según denunció el director de la fundación, “son aproximadamente 4.600 casos (de desaparición forzada) que se encuentran en manos de la Fiscalía General de la Nación y de estos, sólo en siete ha habido condena”.

Advirtió además que el departamento es uno de los pocos donde la desaparición forzada no cesa, con un promedio de seis personas por mes por acción de los grupos armados ilegales, “cualquier ciudadano estaría expuesto a ser víctima de desaparición forzada”, señaló.

Agregó que es preocupante el hecho de que los grupos ilegales estén practicando ese acto de manera indiscriminada, sin respetar sexo, edad, ni profesion o actividad económica, violentando todos los derechos humanos. Ante este panorama, Cañizares aseguró que “bandas criminales y sucesoras del paramilitarismo, se han dado cuenta que es más fácil desaparecer personas que asesinarlas”.

El director de la Fundación Progresar considera que hay impunidad, y lo calificó como “algo vergonzoso ya que un 99.2 por ciento de los casos se encuentra sin respuesta ni avance alguno por parte de las autoridades legales”.

Además informó que acudirá a instancias internacionales trabajando en dos vías: en la primera acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solicitando que se realice una audiencia en la ciudad de Cúcuta en donde se analice el tema de desapariciones forzadas.

La segunda alternativa es explorar con el Comité de Trabajo de Desaparición Forzada y el grupo de trabajo de desaparición de Ginebra (Suiza), a las que le han hecho llegar toda la información sobre los casos y los elementos de contexto para que “requiera al Estado por una presunta inacción en la protección de los derechos de todos los ciudadanos del departamento”, explicó.

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