Fiscalía y víctimas buscarán una pena de 60 años para Rafael Uribe Noguera
Por: Colprensa
La vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, anunció que la entidad apelará la condena de 51 años de Rafael Uribe Noguera, al considerar que el sentenciado debe pagar una pena superior, por el crimen de Yuliana Samboní.
Riveros indicó que la entidad le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que se imponga una pena de 60 años de prisión, la máxima posible en la justicia colombiana, dado que la Fiscalía calcula que los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y secuestro agravado, deberían resultar con un fallo más alto al entregado este miércoles por el Juzgado 35 de Conocimiento de Bogotá.
“La decisión de la Fiscalía tiene fundamento en que no se encuentra conforme con el ejercicio de dosificación punitiva realizada (…) De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, no proceden rebajas ni beneficios punitivos cuando se trate de delitos contra menores de edad”, señaló Riveros.
Por su parte, el padre de la víctima también apeló por medio de su defensa la decisión, e igualmente buscará que Uribe Noguera sea condenado a la máxima pena por su participación en el rapto, abuso y asesinato de la menor de siete años.
“Yo lo que creo que hace falta es la pena de muerte, pero lastimosamente en este país no se da, y por eso el país está como está”, indicó Juvencio Samboní, papá de la niña, luego de conocerse el fallo de primera instancia.
Por su parte, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo dijo en Cali, que celebra esta decisión, e indicó que la justicia puede funcionar con celeridad, como en este caso, cuando hay intención de las partes.
“Esta es una condena que demuestra que cuando el sistema judicial se empeña en sacar adelante un resultado y poner una sanción ejemplar frente a un delito de esta naturaleza, las cosas pueden funcionar”, aseguró el jefe del ministerio Público.
Este miércoles el Juzgado 35 de Conocimiento condenó a Uribe Noguera a una pena de 622 meses de prisión (51 años y diez meses), y al pago de 100 salarios mínimos legales vigentes.
