Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía ofrecer excusas a motociclista
Por: Colprensa.
Por privar de la libertad injustamente a un motociclista que cometió una falta de tránsito y vincularlo a una investigación penal por un homicidio cometido en Palmira, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a ofrecerle disculpas al afectado y pagarle a él y sus familiares más de 8 millones de pesos por los días en los que permaneció injustamente detenido.
El caso ocurrió el 27 de abril del 2003, en Palmira (Valle). La Policía detuvo al motociclista porque se movilizaba en una motocicleta con un parrillero, violando la prohibición que se había impuesto en el municipio. Luego de ser escuchado en indagatoria por la Fiscalía ese mismo día, se le vinculó a un proceso penal por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
El 6 de mayo siguiente, la entidad decidió no imponerle medida de aseguramiento y ordenó su libertad, por considerar que hubo irregularidades en la apertura de la instrucción por homicidio.
Finalmente, el organismo investigador archivó la investigación y determinó que se probó que el indiciado no disparó ningún arma ese día; su detención habría sido producto de una acción policiva derivada de una falta de tránsito y no como consecuencia de la comisión de un delito.
Tras obtener este pronunciamiento favorable a su inocencia, el procesado y sus familiares interpusieron una demanda de reparación directa, con la intención de obtener un resarcimiento económico por el daño causado, que tasaron en 400,10 salarios mínimos.
El Tribunal Administrativo del Valle, que conoció la demanda en primera instancia, declaró a la Fiscalía administrativamente responsable de la detención injusta.
Concluyó que la apertura de la indagación penal fue irregular, pues se basó en pruebas ilegales. Para vinculársele a la investigación se tuvo en cuenta un informe de la Policía por violación a la prohibición de llevar parrillero en su motocicleta y no pruebas concretas de que hubiera sido responsable de la conducta delictiva. El órgano judicial ordenó reparar al procesado y a sus familiares por más de 27 millones de pesos.
Pese a que la Fiscalía apeló la decisión, el Consejo de Estado la ratificó. Encontró que la Fiscalía no tuvo en cuenta que el agente de policía que detuvo al motociclista dijo que no lo había visto cometiendo el delito. Además, señaló que no se cumplían los requisitos para haberlo detenido en flagrancia, pues no fue sorprendido en el momento de cometer el delito.
