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Foto: geoactivismo.org

Fiscalía ordena captura de 22 militares por “falsos positivos”

Fabian Martinez

Tras hallar evidencias que comprometen a 22 oficiales y suboficiales, activos y retirados del Ejército, con la muerte de 18 campesinos, a los que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, en hechos ocurridos en Nariño y César, la Fiscalía General de la Nación, ordenó captura de los militares, así como de dos particulares.

La investigación adelantada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se centró en dos hechos.

En el primer caso, ocho militares: dos teniente coronel, uno de ellos retirado; un capitán, un sargento segundo; tres soldados profesionales, uno de ellos retirado, y un mayor, fueron llamados a juicio como presuntos coautores del delito de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

De acuerdo con la investigación, el 29 de septiembre de 2004, tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4 adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, fueron sorprendidas por una facción de subversivos de las FARC, en la vereda San Gregorio, jurisdicción de Nariño (Antioquia), cuyo resultado arrojó dos subversivos NN abatidos, así como la incautación de material de guerra e intendencia.

Las personas que los militares hicieron pasar como muertos en combate, fueron reportadas como desaparecidas por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja (Antioquia), e identificadas posteriormente como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López.

En el segundo caso, otro fiscal ordenó la captura con fines de indagatoria de 14 militares: un coronel en retiro, un teniente coronel, cinco mayores, dos de ellos retirados; un capitán, un teniente retirado, un subteniente, un sargento viceprimero, dos sargento segundo y un cabo, cinco de ellos detenidos por otros procesos y dos particulares quienes fungieron como reclutadores de las posibles víctimas.

Sobre este caso la Fiscalía investiga 16 posibles homicidios de campesinos presentados como muertos en combate y cuyos procesos se encuentran en diferentes despachos y algunos de ellos en la Justicia Penal del Batallón Especial Energético y Vial, José María Cancino del Ejército Nacional, con sede en La Jagua deproblema Ibirico (Cesar).

El proceso se inició tras la denuncia de varios miembros de la fuerza pública en la que revelaron como se organizaron dentro del Batallón para contactar a los particulares que se encargarían del reclutamiento de las víctimas, para el pago de las recompensas y presentar los positivos de los distintos pelotones de ese batallón en supuestos enfrentamientos armados o combates durante el desarrollo de aparentes operaciones militares emitidas por la comandancia de dicho batallón.

Los militares y particulares vinculados mediante indagatoria serán procesados por concierto para delinquir