Ejército reportó 207.645 víctimas del conflicto ante la JEP

Por: Colprensa.

Haciendo un recuento de los hechos de los que fueron víctimas, el Ejército entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz un informe que fue elaborado en conjunto con Acomides, la Asociación colombiana de militares y policías víctimas de desaparición forzada y secuestro. El consolidado expone las acciones de las que fueron víctimas 207.645 integrantes del Ejército tanto militares de diferentes rangos como civiles.

De este total, el 95% (198.192) son soldados. El restante 5% lo componen oficiales (680 hechos), suboficiales (5.230), alumnos (2.565) y civiles (1.005) precisa el documento que fue entregado por el comandante del Ejército, general Ricardo Gómez, quien al ingresar a la sala de audiencias señaló que “Es un trabajo que se ha hecho con plena conciencia de la mano de estas organizaciones que reclaman el reconocimiento y la visibilización de nuestras víctimas militares y sus familias para que sean reparadas”.

Secuestros, homicidios, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y crímenes de guerra son, entre otros, los hechos consignados en el informe de 53 páginas que fue entregado a manos de la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP. El escrutinio de los que fueron víctimas los uniformados se relaciona conforme las indicaciones del formato que para estos casos elaboró el Tribunal de Paz.

Tomas como la toma de Patascoy, próxima a cumplir 21 años, que dejó 22 soldados muertos y 18 secuestrados; el ataque a Las Delicias (Putumayo), con 29 muertos, 20 heridos y 60 secuestrados; el asalto guerrillero a El Billar (Caquetá), con el saldo de 64 muertos y 43 secuestrados, y el ataque a Miraflores (Guaviare), que acabó con la vida 16 uniformados y registró 73 secuestrados son algunos de los hechos que se describen en el escrito.

“El Ejército Nacional no está ajeno a este flagelo del secuestro que a través de los tiempos se han visto afectados no solo ellos como víctimas directas del Conflicto Armado sino también sus familias, esta problemática registra 325 Militares que han estado en calidad de secuestrados a manos de grupos Armados Ilegales (sic)”, se lee en uno de los párrafos del documento.

Los hechos en los que los militares fueron víctimas de las acciones guerrilleras fueron desglosados por cada una de las ocho divisiones de las que se compone el Ejército Nacional. El reporte da cuenta de 175.495 acciones violentas contra el cuerpo armado del Estado.

Entre la Quinta y la Séptima División suman el 50% de los ataques recibidos, es decir, 87.559 acciones en su contra.

El documento precisa que la Quinta División, cuya jurisdicción se extiende a Cundinamarca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas, ha visto morir a 1.477 de sus hombres durante la etapa del conflicto. El recrudecimiento de la violencia en esta región tuvo su máximo incremento entre 1994 hasta 2004. A partir de este año y hasta 2012 los hechos en contra de los militares se mantuvieron altos, pero mostraron una constante. A partir de 2012 (año en el que se iniciaron los diálogos con las Farc) se disminuyeron las acciones.

Igual tendencia sucedió con los militares adscritos a la Séptima División que se extiende por Antioquia, Chocó y Córdoba. Con 1.355 crímenes y 61 secuestros, el periodo más crítico se enmarca desde 1996 hasta 2004 cuando se inicia una tendencia a la disminución.

“Es deber del Estado colombiano investigar, juzgar y sancionar todas las graves infracciones al DIH que constituyan crímenes de guerra, y entre ellas las cometidas contra
miembros del Ejército Nacional tal y como se evidencia en las cifras expuestas en el presente documento”, indica el informe.

La Quinta División fue la que enfrentó operacionalmente al Mono Jojoy que estaba a la cabeza del tristemente célebre bloque Oriental de las Farc compuesto por los frentes 22, 42, 51, 52, 53, 54 y 55. Allí también figuraban como cabecillas Gentil Duarte, Grannobles, Romaña y Martín Villa.

Es de destacar que en regiones que históricamente han sido particularmente violentas como el caso del Cauca, donde está la Tercera División, o Arauca, que es cubierta por la Octava División. Ambas unidades militares reportaron 982 y 227 crímenes, respectivamente, contra integrantes del Ejército durante el conflicto.

El documento concluye con una solicitud de reparación para “los militares víctimas y sus familias requieren que las personas que fueron integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- reconozcan su responsabilidad en las graves violaciones a Derechos Humanos y e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas contra miembros del Ejército Nacional y a su vez, se presenten las propuestas de Reparación Integral a las víctimas de Desaparición forzada y Secuestro para efecto de cumplir con las medidas restaurativas como principio de satisfacción de los derechos de las víctimas dentro Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.