Dos generales activos fueron vinculados con ejecuciones extrajudiciales en Huila
Los generales activos Marcos Pinto Lizarazo y Edgar Rodríguez Sánchez fueron señalados en un informe del Observatorio Surcolombiano de DD.HH., Paz y Territorio (Obsur), entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, como responsables de más de 30 ejecuciones extrajudiciales que se realizaron en un batallón del Ejército en Huila cuando estos estaban a su mando.
La JEP llamó a versión voluntaria a los dos oficiales activos, Rodríguez Sánchez, como director del Comando de Educación y Doctrina del Ejército; y Pinto Lizarazo, como comandante de la Segunda División del Ejército. Al menos 16 de sus subalternos han hablado de los casos y los han mencionado en sus versiones.
Así lo revelaron los informes ‘Muertes Ilegítimamente presentadas como en combate por agentes del Estado’, entregado por la Fiscalía General, y ‘De la impunidad a la verdad’ y ‘Rompiendo el Silencio’, entregados por el Observatorio que trabaja desde 2007 investigando, documentando y sistematizando casos de graves violaciones a los derechos humanos en los departamentos de Huila y Caquetá.
“Hemos priorizado y abanderado la denuncia y la visibilización de los casos de los mal llamados ‘falsos positivos’, y hemos logrado documentar más de 255 víctimas de hechos ocurridos en el Huila bajo esta modalidad, presentadas como presuntas bajas en combate por parte de miembros del Ejército”, explicó Andrea Jiménez, coordinadora del Obsur, en diálogo con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia.
Jiménez explicó que este año llevan documentados más de 20 víctimas más de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Batallón Magdalena de Huila durante las comandancias de Rodríguez Sánchez, de julio de 2006 a diciembre de 2007, y por Pinto Lizarazo, de diciembre de 2007 a septiembre de 2009, “en el que tenemos documentadas 32 presuntas víctimas de ‘falsos positivos’”.
De acuerdo a datos de la JEP, durante la dirección de Rodríguez Sánchez se cometieron al menos 34 muertes ilegítimas de civiles presentados como bajas en combate en los municipios de Guadalupe, Pitalito, Acevedo, San Agustín, Timaná, Isnos y Palestina. Mientras que durante la comandancia de Pinto Lizarazo se presentaron 28 casos, y ya son ocho los subalternos que lo han mencionado en sus versiones.
“A la fecha, la gran mayoría de los casos cuentan con una impunidad total, y para la justicia siguen siendo todavía los criminales, como fueron presentados en su momento por miembros del Ejército; es decir, siguen siendo reconocidos como extorsionistas, delincuentes y guerrilleros dados de baja en combate”, manifestó Jiménez.
Y aclaró que en este momentos los oficiales solo fueron llamados a rendir versión voluntaria porque no han sido sometidos a la JEP, por lo que no esperan mucha información de sus declaraciones, pero afirmó que lo que buscan las familias de las víctimas es que terminen vinculados a la justicia transicional para obtener verdad.
“Ellos fueron llamados a rendir versión ente la JEP los por los casos ocurridos tanto en el Batallón Cacique Pigoanza, que es está ubicado en el municipio de Garzón, como los casos ocurridos en el Batallón Nº 27 Magdalena, que se ubica en el municipio de Pitalito, al sur del departamento del Huila, pero esperamos que todos los comandantes terminen vinculados, no solos los comandantes de batallón, sino también los comandantes de Novena Brigada donde en su mando ocurrieron todos estos hechos”, dijo Jiménez.
Y concluyó dando como ejemplo otro caso del coronel Jaime Lasprilla Villamizar, que bajo su mando el Observatorio ha documentado 103 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero tampoco está vinculado a ningún caso ante la justicia.
