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‘Sancionar y prevenir’, puntos clave para el proyecto de ley anticorrupción

El proyecto de ley anticorrupción será radicado en el Congreso por el Gobierno Nacional.

Por: Diana Leal

Hoy martes, 27 de octubre, con mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional radicará en el Congreso un nuevo proyecto de ley anticorrupción, cuya construcción fue liderada por el presidente y contó con la participaron 25 entidades del Estado, la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia y todos los organismos de control del ministerio Público, como lo son la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría. También participaron la Dian, la UIAF, y las distintas superintendencias.

“Es un reto muy grande, un reto estructural que viene desde antes de este año y esta crisis, pero que por la crisis se exacerbó y nos dejó ver el gran daño y las grandes consecuencias a nivel social, a nivel económico que la corrupción está dejando en el país, entonces hay que avanzar en distintos frentes”, contextualiza Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

El proyecto de ley está conformado por 12 capítulos y 91 artículos que contemplan cambios en temas como uno de sus puntos más importantes la extinción de dominio, adicionalmente, la protección de testigos y las medidas contractuales de los aportantes de campañas electorales.

También se contemplan acciones como la búsqueda de beneficiarios finales de los actos de corrupción, y la creación de un régimen sancionatorio a las empresas en la que sus representantes sean condenados por corrupción.

“Necesitamos que la gente encuentre mayor sentido en todos estos esfuerzos y en estos anuncios de ley que se hacen en materia de corrupción, sin lugar a dudas, esto hace que haya un mayor peso de responsabilidad en los órganos de control en el Sistema Judicial, no solo para ver a los responsables en la cárcel, creo que esa visión la tenemos que superar. Necesitamos también ir detrás de los ‘beneficios’ que reciben los corruptos por sus actos que en muchos casos se concretan en tres cosas: contratos, cargos públicos e impunidad”, expresa el director Hernández.

Frente a esos ‘beneficios’, el director explicó que los contratos permiten conseguir recursos, los cargos públicos con una forma de mantener influencia en la administración y la impunidad permite que los corruptos se muevan de manera libre. “La sanción es muy importante para que todo esto se corte desde la materialización del acto corrupto y avanzando en las medidas de prevención”, expresó.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez se ha referido a este proyecto de ley haciendo especial énfasis en que no solo está destinado para la penalización, sino también a la prevención de la corrupción. “Una característica importante de este proyecto es prevenir la corrupción, claro que vamos a aumentar sin duda las consecuencias y las sanciones, pero lo más importante es prevenir la corrupción y de esta manera, evitar entonces que se produzcan hechos que atentan, o que acaban, con el patrimonio público”, dijo en un diálogo con Señal de la Mañana.

Según el director de la corporación Transparencia por Colombia, es importante avanzar en ambos sentidos, “la lucha contra la corrupción requiere de distintas medidas que tienen que avanzar en paralelo, no podemos concentrarnos solamente, por ejemplo, en prevenir sin sancionar, pero tampoco en sancionar sin prevenir”, afirmó.

Hernández expone que Colombia lleva décadas intentando mitigar la corrupción, se han hecho varios desarrollos normativos e institucionales, pero que la ciudadanía sigue expresando su insatisfacción ante los resultados, lo que ha incrementado la expectativa conforme a las sanciones, lo que hace necesario demostrarle a la gente que los esfuerzos que se llevan a cabo sí tienen sentido.

Los resultados del Barómetro Global de Corrupción para América Latina del año 2019, demostraron que en el país el 52% de los encuestados señala que durante los últimos 12 meses la corrupción aumentó, y, asimismo, consideran que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves del país. Por otro lado, el 57% afirma que el Gobierno está haciendo ‘un mal trabajo’ en la lucha contra la corrupción, y el 78% cree que sufrirá represalias si denuncia un caso de corrupción.

“El proyecto va por buen camino y espera fortalecer herramientas alrededor de, por ejemplo, la protección de denunciantes de actos de corrupción, que es uno de los puntos que desde Transparencia por Colombia venimos insistiendo desde tiempo atrás, en la medida que en Colombia es tan riesgoso, y perdemos la oportunidad de realmente poner en marcha una herramienta fundamental como es la denuncia de los casos de corrupción”, dijo Hernández.

Finalmente, el director de la corporación expresó que espera que el Congreso entienda que no es un tema de partidos y de ideología, sino que es un tema que Colombia necesita para superar unos retos enormes en materia de daños que en el día a día la corrupción le genera a toda la sociedad.

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