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Foto: Colprensa. Agosto de 2018.

Ley de Tierras, un debate que continuará en el nuevo Gobierno

Karen Aroca

Por: Karen Aroca

Uno de los retos para el nuevo gobierno es trabajar en una reforma a la legislación actual en materia de tierras. Pese a que la Ley 160 de 1994 ha sido una herramienta legal sin antecedentes en la historia del país, el gobierno saliente del presidente Juan Manuel Santos, reconoce que en esta hay algunos vacíos en su implementación, razón por la que con los acuerdos de paz se buscó abrir nuevamente el debate y actualizar la norma.

De hecho, históricamente la lucha por la tierra ha sido un punto de debate en los gobiernos de turno. De acuerdo con Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, un ejemplo de esta controversia se remonta a las protestas campesinas durante la década de los setenta.

“Fue una época caracterizada por la fragmentación entre los campesinos frente a su participación y protesta social en torno a los debates más profundos relacionados con la tierra”, aseguró el profesor Velásquez, para el programa de la franja de análisis de Radio Nacional de Colombia Por qué será.

En este contexto de protesta social fue creada la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, (ANUC), como parte de la iniciativa oficial que buscó garantizar la participación de la población rural en el proceso de reforma agraria.

“En una salida muy inteligente, el presidente Carlos Lleras, organizó a los campesinos y comenzó a trabajar con ellos. Esta situación que hoy suena como revolucionaria o romántica, en aquel tiempo fue una propuesta muy liberal”, afirmó Luis Alejandro Jiménez, actual presidente de la ANUC.

Para Andrés Fuerte, investigador experto en tierras de OXFAM, el debate histórico de la lucha por la tierra es de nunca acabar.

“Siempre estaremos hablando de estos temas en la frontera agrícola porque lo que alguna vez fue inapropiado para el campesinado, en otro momento se convierte apropiado para el empresario”, expresó.

En la misma línea, el abogado Héctor Santaella, profesor de la Universidad Externado de Colombia, concluyó que aún no hay claridad de cómo transar las tierras, razón por la que en consecuencia, “estas históricamente han sido objeto de ventas, mercedes, concesiones y procesos de acaparamiento”.

¿Cuál es el panorama en el futuro?

Durante las décadas de los ochenta y los noventa, en Colombia ocurrió el primer intento de encarar la cuestión rural y el conflicto social que se vivía desde tiempo atrás.

También, de acuerdo con el investigador Andrés Fuerte, el acompañamiento integral al campesinado se derrumbó, en medio del contexto de apertura económica y de neoliberalismo, de tal manera que muchas entidades que estaban trabajando por el campo fueron eliminadas.

Frente a este panorama, llegó al país la Ley 160 de 1994, que aún siguen vigente y con la que se creó un Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, se estableció un subsidio para la adquisición de tierras y se reformó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, entre otras modificaciones.

“Una de las normas más discutidas de esta ley está relacionada con los baldíos, ya que en allí se asegura que puede ocupar un baldío de la nación quien tenga la calidad de sujetos de la reforma agraria”, expresó Santaella.

Precisamente, el tema de la reforma agraria será uno de los más complejos que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, ya que teniendo en cuenta los Acuerdos de Paz, se deberá tomar el paradigma de enfoque territorial, que ayudará a solucionar problemas tan difíciles como el de la destinación de baldíos que planteó la Ley 160 de 1994.

“Con la llegada de los Acuerdos de La Habana se planteó la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Especial (Zidres), cuyo propósito es formalizar las tierras”, explicó Andrés Fuerte, investigador de Oxfam.

De momento, aspectos como el desarrollo integral del campo, la expropiación, los derechos de uso sobre la tierra, la clarificación de la propiedad, las ocupaciones históricas de los baldíos, los segundos ocupantes en bienes de las Farc, entre otros, entran a ser temas pendientes por resolver para el gobierno de Iván Duque.

A propósito, el pasado 20 de julio se radicaron dos proyectos de ley relacionados con los baldíos de la Nación y la formalización de la propiedad rural. El primero, fue originado desde la academia, y el otro, una iniciativa del gobierno saliente del presidente Juan Manuel Santos.