"Los jueces de la JEP definirán si son procedentes peticiones de exministros": Jorge Iván Cuervo.
Tras la avalancha de solicitudes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que se revisen las condenas proferidas por diferentes delitos, Jorge Iván Cuervo, docente del Centro de Investigaciones de Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, explicó que cualquier persona podrá acudir a la JEP, pero fue enfático en señalar que en últimas los jueces tendrán que definir en jurisprudencia sí los delitos en cuestión se relacionan con el conflicto armado.
“En principio cualquier persona puede acceder o solicitar ser tenido en cuenta en la Justicia Especial para la Paz, no se le puede restringir ese derecho y serán los jueces en cada caso quienes de acuerdo con las pruebas y con la información determinarán: ‘realmente su conducta sí tiene que ver con el conflicto y venga para acá’, o ‘definitivamente su conducta no tiene nada que ver con el conflicto’”, aseguró Cuervo.
Según Cuervo, uno de los principios constitucionales de la justicia es que a ningún colombiano se le puede negar el acceso a la misma, por esto no se incluyeron filtros para que la JEP recibiera peticiones de exfuncionarios como los que hoy se conocen por parte de los ex ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, quienes elevaron sus peticiones en conjunto con Alberto Velásquez, quien se desempeñó como Secretario General de la Presidencia de la República.
“La Jurisdicción Especial para la Paz sí prevé la posibilidad de que personas que hayan sido condenadas – en principio – en general, puedan acudir a ella con el propósito de contribuir a la verdad, contribuir a la reparación a las víctimas y en esa medida su sentencia pueda ser revisada”, señaló el docente del Externado.
Para el jurista, no sería extraño que en adelante se conozcan más peticiones por parte de otros exfuncionarios condenados por delitos diferentes a los que contempla la JEP y reiteró que los jueces tienen que analizar cada una de esas peticiones porque cualquier argumento podría ser válido para revisar la sentencia que ya la justicia ha proferido en contra de los condenados.
