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Foto: Colprensa

Tribunal ordenó libertad inmediata de Aníbal Gaviria

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín concedió este viernes el hábeas corpus presentado en favor del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y ordenó su libertad inmediata.

La libertad fue concedida dado que la Fiscalía no cumplió con los requerimientos una vez se registró la detención del mandatario suspendido, por lo que el tribunal no descartó en asegurar que no hay ninguna razón atendible, que justifique válidamente la tardanza en que en este caso ha incurrido la Fiscalía para formalizar la detención de Gaviria.

"Observa este juez para entender tan flagrante mora en las actuaciones que, a la luz de la realidad del caso, la normatividad aplicable, y las enseñanzas de la jurisprudencia y literatura especializada, se requerían para finalmente formalizar la detención del procesado en su lugar de residencia, de modo que las omisiones o tardanza de las autoridades en cumplir sus obligaciones constitucionales y legales, no se le pueden trasladar al detenido en desmedro de sus derechos y garantías fundamentales, colocándolo en una clara situación de desventaja al ver restringido de manera desproporcionada su derecho a la libertad", reposa en la providencia.

Tras el reproche del tribunal a la Fiscalía, la corporación judicial consideró que la conclusión a la que se arriba en este caso no es "gratuita", y surge como consecuencia de un proceder irregular que mantiene privado de su libertad al suspendido gobernador más allá de la barrera de los 120 días sin que la Fiscalía haya calificado el mérito de la instrucción.

"Que corresponde desde el 6 de junio de 2020, fecha en que se torna vigente la suspensión en el cargo por la publicación oficial del Decreto, de modo que la causal de libertad solicitada era procedente, por lo que mantener privado de la liberad al procesado se erige en una clara vía de hecho", dice el documento.

Así las cosas, de acuerdo con lo anterior, "al evidenciarse que se cumplen las exigencias legales para el otorgamiento de la libertad sin que el juez de primera instancia hubiese decidido en forma adecuada el restablecimiento de dicho derecho, resulta procedente el Hábeas Corpus interpuesto".

Bajo ese entendido, el tribunal ordenó que se librará la correspondiente orden de libertad ante el director del establecimiento carcelario quien procederá a hacerla efectiva una vez se verifique que no es requerido por otra autoridad.

La investigación

Gaviria está en líos judiciales con base en la investigación que se surtió en su contra por las actuaciones cometidas entre 2004 y 2007, en el cual, según la Fiscalía, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25 %, que luego se amplió al 29 %.

Según la Fiscalía, eso "significó casi 1500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia".

Además, de acuerdo con la entidad, el anticipo fue pagado sin que se hubiera aprobado una garantía contractual para asegurar la destinación correcta de los dineros, lo que habría obligado al contratista a invertir más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.

La investigación evidenció así mismo, de acuerdo con la Fiscalía, que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, sin atender los principios de la contratación pública. Una, por 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal y otra, cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador, para la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

Esta última, según el organismo de investigación, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original. Su valor era de 16 mil millones de pesos.

La investigación contra Gaviria se debe a que, como representante legal del departamento y ordenador del gasto, debió ejercer vigilancia sobre la contratación, aunque hubiera delegado esa función.