Perito de la Policía aseguró se perdió proporcionalidad en el procedimiento en caso Ordóñez
Ante la Procuraduría General, en medio del juicio disciplinario que se adelanta a los expatrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, señalados de la muerte del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, el subintendente Víctor Alfonso Nova, instructor de armas menos letales de la Policía Nacional, aseguró que en este caso se habría perdido la proporcionalidad con la que los uniformados deben actuar.
Según el subintendente, aunque no hay límites de descargas de las armas taser en un procedimiento policivo, teniendo en cuenta que estos artefactos pueden causar lesiones, a la hora de usarlas los uniformados deben realizar un test de proporcionalidad, que en la muerte de Javier Ordóñez no se habría ejecutado.
“Si una persona ya está reducida, esposada y demás, ya se pierden todos los principios, ya no habría necesidad de generar descargas, ya que la persona está indefensa”, dijo Nova.
Además, explicó que se debe seguir una serie de reglas para someter a una persona sin afectarla gravemente o tocar zonas sensibles del cuerpo, como la frente, que es una de las partes del cuerpo que no puede recibir descargas, situación que habría ocurrido en el procedimiento de Ordóñez.
“El armamento de menor letalidad solo se debe usar cuando es estrictamente necesario (...) Si el dispositivo se utiliza de la forma errónea puede generar lesiones (...) es permitido en la clavícula, el pecho superior, oblicuos y zonas que tengan bastante masa muscular, no por ejemplo en la frente u otras zonas", precisó el subintendente.
El perito añadió que cada arma taster cuenta con 500 descargas, por lo que cada policía debe analizar si su uso es completamente necesario o no, aclaró que solo los uniformados que cuentan con certificado las pueden usar, y que se prefiere su uso al de las armas de fuego.
Con este último testigo finaliza la etapa de pruebas en este proceso. El 22 de octubre se escucharán los alegatos finales contra estos expatrulleros que se encuentran privados de su libertad por los delitos de abuso de autoridad y homicidio.
