¿Qué traerá para Colombia la sustitución obligatoria de cultivos de uso ilícito?

Por: Carolina Bustamante.

El Ministerio de Defensa Nacional ratificó que la erradicación de cultivos de uso ilícitos voluntaria no va más. En adelante inicia el refuerzo para realizarla de manera forzosa, lo que, para expertos en temas de paz, como Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz, resultaría ser una victoria para los grupos armados ilegales y un retroceso para el país.

“Este gobierno no tiene espejo retrovisor, tenemos que ser proactivos para acelerar la erradicación. Ya no es voluntaria, es obligatoria y vamos a ver qué efectos nos da. Necesitamos una erradicación mucho más acelerada y rápida. Luego evaluaremos si esa política da frutos o la reforzaremos”, manifestó en días pasados el ministro de defensa Guillermo Botero:.

La posición del Gobierno actual alertó a los campesinos e indígenas del país quienes se niegan a aceptar esta posición. Cuando se ha tratado de intervenir los territorios por la fuerza han generado agresiones contra miembros de la Fuerza Pública, paros, bloqueos, marchas y hasta la muerte de policías y civiles producto de su resistencia en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Chocó principalmente.

El analista Juan Carlos Garzón, ante este panorama, señaló los tres principales riesgos que enfrentaría Colombia si se acaba la erradicación de cultivos voluntaria:

Resiembra

El campesino se ha mostrado interesado en cumplir con erradicar cultivos de hoja de coca siempre y cuando el Gobierno dé condiciones y medios de subsistencia para dejar la siembra de cultivos ilícitos.

Movilización social y bloqueos

El ingreso forzado de Fuerza Pública a zonas cocaleras resulta una provocación para las comunidades y en zonas como Putumayo, Catatumbo y Nariño donde hay grandes concentraciones de cultivos, se ve la capacidad de las poblaciones para responder y enfrentase a intervenciones del Estado.

Victoria para los grupos armado organizados

Cortar de tajo el programa de sustitución o disfrazarlo con otros medios poco efectivos para los campesinos, como medidas de largo plazo o con pocos ingresos, conllevaría a que disidencias y grupos armados organizados a instigar a las comunidades para abandonar programas con el Gobierno Nacional e incentivarían al campesino a expandirse aún más. Garantizándole ingresos para su subsistencia o en últimas amenazas, para no despojarlos de la tierra.

Juan Carlos Garzón enfatiza en que “la concertación y el compromiso de las familias cocaleras de erradicar plantas ilícitas se va omitir pero sin tener en cuenta los compromiso que el Estado ya había asumido desde el acuerdo de paz, y tendría el país que esperar las reacciones que se deriven de una nueva política que aleja la voluntariedad para aplicar la imposición”.

También opina que, hay incumplimientos en los pagos pactados para dar inicio a los proyectos de sustitución, rezagos en la asistencia técnica prometida para estos fines y problemas de seguridad de consideración en las regiones. A la fecha esto sería groso modo, un balance general del acuerdo firmado con las Farc.

La pregunta que ronda hoy para estas familias según el experto es “¿Dónde quedan los compromisos del Gobierno Nacional para eliminar cultivos ilícitos en Colombia sin que los campesinos regresen a la miseria? Habrá que esperar cuáles son las cartas de salvación de este nuevo Gobierno”.