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Policía de El Salado podría ser desalojada por deuda de arrendamiento

El dueño del predio de la subestación se quejó porque ya acumulan tres años sin pagar arriendo.

Una situación difícil e incómoda están atravesando los agentes de la Policía del corregimiento El Salado, en el Carmen de Bolívar. Los uniformados están a punto de ser desalojados de la subestación, debido a que el dueño del predio se quejó porque ya acumulan tres años sin pagar arriendo. Así lo señaló Samuel Redondo Medina, propietario del inmueble.

“He ido a la Policía de El Carmen de Bolívar, pero de allá me mandan para la Alcaldía. Siempre que trataba de comunicarme con ellos no atendían los teléfonos o me salían con otras cosas. Yo estoy necesitando ese dinero porque tengo familia grande y no estoy trabajando ahora”, apuntó el hombre que es oriundo de El Salado.

Vilma Reyes, abogada del propietario del inmueble, aseguró que Redondo ofreció en el año 2012 la casa gratuita por un tiempo de cinco años, teniendo en cuenta que la población estaba en plan de retorno, después de los hechos violentos.

“Se pactaron algunas cláusulas, derechos y obligaciones para ambas partes, entre ellas, la Policía debía cancelar los servicios públicos, también se pactó que vencido el término de cinco años, que era gratuito, se debía restituir la casa a su propietario o en su defecto se firmara un contrato de arrendamiento”, sostuvo la abogada.

El dueño del predio aseguró que, desde julio de 2017, cuando le cancelaron tres meses, no ha recibido más dinero. También expresó que, tanto el alcalde actual, como otros mandatarios de El Carmen de Bolívar no le han prestado atención a la situación.

“Me están debiendo unos 25 millones de pesos, quiero que lleguemos a un nuevo arreglo para que continúe el contrato. Si no me pagan deben buscar otro sitio, porque necesito el dinero. Hace un tiempo hablé con el alcalde de El Carmen y me dijo que íbamos a llegar a un arreglo, pero eso solo quedó en palabras”, agregó el propietario.

Ante esta situación, la abogada Reyes instauró una acción de tutela en contra del municipio.

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