Líderes sociales de Santander: las voces que no se apagan

Por: Angélica Blanco Ríos. Radio Nacional de Colombia Santander

María Socorro Abril Cediel tiene 52 años. Desde los 29 no conoce la tranquilidad. Le correspondió vivir primero como campesina, después como madre, seguido como desplazada y con el pasar de los años quiso ser líder social.

Nació un 22 de octubre en San Vicente de Chucurí, municipio ubicado a dos horas de Bucaramanga, el cual abandonó en 1990 al ser víctima del conflicto armado, un fenómeno del que aún no descansan muchas regiones de Colombia.

Algunas cosas de su vida las ha elegido, como ser madre, enamorarse por segunda vez, quedarse en este país, pese a haber tenido la oportunidad de abandonarlo o ser vocera de los campesinos, pero en otros aspectos no le ha quedado opción.

Ha sido amenazada en tantas ocasiones que ya perdió la cuenta, pero sí recuerda que la han desplazado cuatro veces (dos del campo y dos de la ciudad).

Sabe lo que es dejarlo todo atrás y llevar su vida y los recuerdos en una maleta. Unos de los más amargos fue cuando le secuestraron a dos hijos y, desde entonces su familia se desintegró como consecuencia de la guerra.

“A muchos les tocó irse a vivir a otros pueblos, las reuniones familiares se acabaron, me olvidé del sueño de vivir en mi casa propia, porque actualmente me toca pagar arriendo y con el miedo de que me pase algo. Afortunadamente tengo a Rosendo”, dice.

Rosendo Duarte es su esposo. También es líder social y defensor de Derechos Humanos desde que tenía 12 años y, aunque han pasado 24 desde entonces, asegura que ser el blanco de amenazas y atentados, le costó su inocencia.

“Fui testigo de muertes y eso lo marca a uno para siempre. Quisiera haber terminado la escuela, luego estudiar derecho, ayudar a mucha gente con ello, ver a mi papá tranquilo, volver a ver a quien me enseñó todo lo que sé sobre la labor del defensor, pero el conflicto no me lo permitió”, relata.

Ambos tienen corazones inmensos, sus sonrisas demuestran que viven para servir. Actualmente María Socorro es la presidenta y representante legal de la Asociación de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Desarraigo en la región del Magdalena Medio, conocida como Asodesamuba, que trabaja en Santander y a nivel nacional.

La creó junto a varios líderes sociales en Barrancabermeja, donde vivió durante 18 meses en un albergue, luego de que grupos armados ilegales expulsaran a toda su familia de una casa por la que espera ser reparada por la Ley 1448 de 2011, que se creó en el país para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto, pero aún no recibe ni una sola respuesta.

Rosendo, por su parte, detalla que viven en Bucaramanga, porque la vida y la labor los encontró en el camino. Han pasado los momentos más felices juntos, pero como toda pareja también han presenciado situaciones lamentables.

“Nos entregamos el 100 por ciento a las comunidades y después de recibir muchas cartas, mensajes, llamadas, de que destruyeran una vivienda que logramos tener luego de todo lo mencionado, nos volvió a pasar: en mayo del 2018 atentaron contra nuestra vida en Sabana de Torres. Desde entonces estamos refugiados en la capital de Santander, pagamos mensualmente 500 mil pesos por una habitación y nos tocó dejarlo todo tirado nuevamente. Hoy estamos a la espera de que las autoridades nos protejan”, señala.

Cuenta que los mueve el hecho de seguir trabajando, porque saben que de ellos también depende la vida de muchas personas. Su voz se entrecorta cuando habla de las luchas que ha ganado junto a María Socorro, de las segundas oportunidades que han tenido, de sus sueños y del anhelo de seguir vivos.

“No queremos que nuestra voz se apague, porque hemos dedicado tanto tiempo a escuchar los tristes relatos de la guerra, a visitar lugares en donde viven los recuerdos del campo y no descansaremos hasta que todos los ediles y los campesinos, recuperen de nuevo la esperanza”, añade Abril Cediel.

Según Andrés Fandiño Bohórquez, secretario del Interior de Santander, actualmente Rosendo y María ya cuentan con esquema de seguridad especial, al igual que 106, de los 325 líderes sociales del departamento. Sin embargo, la cifra total de los voceros con medidas de protección es de 206.

“Son más de la mitad porque la labor que ejercen los hace más vulnerables a la violencia y la mayoría de ellos se ubican en los límites con los departamentos de Cesar, Bolívar y Antioquia, donde sí hay grupos armados al margen de la ley, contrario a Santander”, explica el funcionario.

Sin embargo, esta es una de las dudas que surgen no solo en las comunidades en donde se siguen presentando hechos victimizantes, como los siete secuestros que se han registrado en los últimos 14 meses.

“Es complicado creer que acá no está pasando nada, porque aunque las autoridades lo nieguen y aseguren que todo obedece a delincuencia común, quienes viven de cerca cada caso, necesitan respuestas y claridad porque en el departamento sí están sucediendo cosas graves”, afirma Iván Madero, presidente de Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).

Para el representante de la organización, cada vez amenazan más a los líderes, los presuntos responsables serían estructuras urbanas o rurales que, en su mayoría tienen como objetivo a los líderes de Juntas de Acción Comunal, campesinos, voceros ambientales, agrarios, defensores de Derechos Humanos. Agrega que atacan a los que piensan diferente y a organizaciones que defienden a las mujeres y hast a quienes luchan por los ríos.

Según Credhos, organización fundada en 1987 y que no ha dejado de recibir amenazas por el trabajo de denuncia que realiza; actualmente en tan solo el margen del Magdalena Medio santandereano, 23 líderes han sido amenazados en lo que va del 2019.

Los últimos casos relacionan amenazas contra dos integrantes de Credhos, a quienes les quemaron dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que pertenecían al esquema de defensores de esta zona del país.

Pero también a líderes que adelantan procesos relacionados con empresas petroleras, mineras, agrarias, ganaderas, de pesca o que se oponen a proyectos como la construcción de rellenos sanitarios cercanos a cuencas hídricas y comunidades o, a los pilotos de fracking que se harían en zonas como Barrancabermeja y Puerto Wilches.

Tal es el caso de Óscar Sampayo, integrante de la Corporación Nacional Yariguíes y de la Alianza Colombia Libre de Fracking, quien aunque cuenta con protección, afirma que no se siente del todo seguro.

“Yo no me siento tranquilo, siempre estamos cercanos a situaciones que nos ponen en alerta. Hay lugares que no podemos visitar, porque sabemos que si lo hacemos, posiblemente nos pasa algo. Personalmente he hecho muchas denuncias de empresas que generarían impactos ambientales y eso le incomoda a quienes están arriba. Me siento perseguido, me aborda gente que no conozco, pero yo trabajo por la gente”, cuenta.

¿Cómo han actuado las autoridades?

Ante los panfletos, llamadas, mensajes de texto, persecuciones y atentados que se han registrado en los últimos años y meses, el secretario del Interior, hace un llamado a cada líder para que denuncie siempre, primero ante las autoridades, para que las acciones inicien desde la hora cero.

“Queremos salvar la vida de los más de 300 líderes que tenemos en el departamento, hemos destinado más de 200 millones de pesos en ayudas, yo tengo cada caso en mi cabeza y busco que se den las garantías a cada uno de ellos, esta semana estamos trabajando para que Rosendo y María tengan alimentación y hospedaje gratis al ser unos de los casos más preocupantes. Pero reiteramos que para el próximo gobernador quedan muchos retos por cumplir”, explica Andrés Fandiño.

Es por eso que el próximo 18 de septiembre se va a establecer una mesa de garantías en las que todos los lideres sociales santandereanos y representantes de las organizaciones del departamento, asistirán el 15, 17 y 18 para trabajar una propuesta y llevarla a la ‘Mesa por la vida’, en el marco de la Semana Por la Paz en la capital del país, “porque el trabajo que debe ser articulado con el Gobierno Nacional”, puntualiza el funcionario.

¿Qué retos quedan para la próxima administración departamental?

Según Credhos los retos son muchos y se necesitan con urgencia.

• Crear un escenario de mesas de garantías, que se realice en cada territorio.

• Generar escenarios de confianza, que no se revictimicen, ni nieguen lo que está pasando en el departamento.

• Tener rutas de protección y de prevención eficaces.

• Construir una política pública.

• Llevar debates y capacitaciones a la gente del común para prevenir riesgos en las veredas, en las ciudades y en los pueblos.

• Reactivar la mesa de garantías en Magdalena Medio.

• Gestionar recursos para que en la ruta de atención se apoye económicamente a los líderes que tienen que salir de sus territorios.

• Apoyarlos y no dejarlos solos.

• Darles voz.

• Crear refugios o casas de protección.

Es por eso que todos coinciden en que tener chalecos, un celular, una camioneta, no es tener las garantías de que seguirán vivos.

Envían un mensaje al Estado para que se brinden ayudas, visitas a los territorios, mayor seguridad o presencia de la Fuerza Pública, pero eso sí, con la garantía de que le servirán a la gente.

Los líderes sociales de Santander piden que además se brinden apoyos psicológicos a cada víctima de amenaza, porque de no ser por las ONG no las tendrían, ya que estas no hacen parte de la ruta de atención ni de la Fiscalía General de la Nación, ni de la Defensoría del Pueblo, pero sí son necesarias.

Piden que no se les apague la voz, porque de hacerlo se apagaría la de su gente.

María Socorro hace parte de las mujeres nominadas al Premio Nacional de Paz, mientras que Óscar Sampayo, Rosendo Duarte, y todos los líderes que han sido amenazados, aseguran que van a continuar en su lucha y apoyo a cada comunidad.

Cifras de líderes sociales en Santander y Colombia:

• Según la Defensoría más del 50 por ciento de los casos de amenazas han sido contra mujeres.
• Los departamentos que más casos registran son Antioquia, Norte de Santander y Cauca.
• Más de 765 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados desde el 24 de noviembre de 2016, fecha en la que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
• Según Credhos, en el Magdalena Medio santandereano han amenazado este año a 23 líderes.
• En junio, de este año fue asesinada en el barrio Mirador de la Hacienda, del municipio de Floridablanca, Yamile Guerra, reconocida líder política de la zona. El hecho estaría presuntamente relacionado con una disputa por tierras.
• Los últimos casos de atentados contra líderes en Santander se registraron en Puerto Parra, donde dos líderes comunales fueron víctimas de disparos por hombres desconocidos. Ambos sobrevivieron al ataque.