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Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

El Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición designó a Luz Marina Monzón como directora de la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto.

Por: Colprensa

El Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición designó a Luz Marina Monzón como directora de la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto.

Monzón es graduada en Derecho de la Universidad La Gran Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado, así como especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública. Además, tiene una maestría en Derecho de la Universidad Nacional.

Se ha desempeñado como coordinadora en el Área de Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas, además de su paso por el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde coordinó el proyecto ‘El derecho a la justicia como garantía para la no repetición’. Allí también participó para desarrollar el balance de la acción del Estado frente al secuestro y la desaparición forzada.

“La experiencia que he tenido me permite ofrecer a este mecanismo especial mis conocimientos y alto compromiso a favor de la reparación de las víctimas y la verdad de las mismas, como también de la sociedad colombiana hacia la construcción de condiciones que permitan la construcción de la paz”, manifestó al momento de ser postulada.

Monzón fue propuesta para este cargo por más de 130 organizaciones de víctimas entre ellas el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU); y la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Los retos

COLPRENSA consultó a representantes de víctimas de desaparición forzada en el país, quienes coincidieron en la magnitud de la labor que emprenderá la Unidad, en un país que desconoce todavía cuántas víctimas de este flagelo tiene.

De acuerdo con el registro de la Unidad de Víctimas, hay 46.970 víctimas de desaparición forzada en el país. Según el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, los registros de la entidad dan cuenta de 25.140 personas desaparecidas forzadamente, de un universo de 87.000 desaparecidos. Y el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe de 2016, hace referencia a 60.630 casos.

El abogado Jorge Molano, quien ha representado a las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia señaló que la Unidad, en cabeza de su directora Luz Marina Monzón, tiene como gran reto “estructurar planes regionales y locales de búsqueda en armonía con los familiares y las organizaciones de víctimas”.

En su criterio, se debe además, estructurar las estrategias de investigación que permitan la ubicación e identificación de posibles lugares donde haya restos de personas, esto en articulación con otras entidades del Estado.

“Se debe hacer seguimiento a las versiones que se hagan ante la JEP por parte de quiénes se postulen, para que haya una integralidad en la verdad”, dijo Molano para quien es necesario que la Unidad genere análisis de contexto para establecer patrones de desaparición.

En criterio de Molano esta Unidad es una oportunidad si existe una verdadera voluntad política del Estado. “Si no cuenta con los recursos técnicos de personal y financieros que le permitan funcionar con autonomía, pues podrá convertirse en una nueva frustración”, señaló.

Por su parte, Aura Díaz, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – Asfaddes, señaló que los retos son muy grandes, “teniendo en cuenta que el Estado no le ha cumplido a las víctimas de desaparición forzada, pues la mayoría de los casos están en la impunidad”.

En su criterio, es un motivo de preocupación que la Unidad tenga un carácter extrajudicial y que no tenga los recursos suficientes para su funcionamiento. Díaz asegura, además, que la Unidad se debe territorializar para que de los resultados esperados.

“Para nosotros sí es una esperanza la Unidad de Búsqueda, pero es una esperanza que nos deja preocupaciones porque los desparecidos son muchísimos. Será un reto muy grande encontrar, identificar, exhumar y entregarlos. Que todas esas madres y abuelos que se están muriendo de pena moral y de tristeza puedan encontrar a sus hijos queridos así sea reducidos a una cajita mínima de restos”, aseguró Díaz.

¿Cómo funcionará?

La Unidad, hace parte Sistema Integral de Verdad, Justicia y reparación, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, está reglamentada en el decreto Ley 589 de 2017 y funcionará por 20 años.

Tendrá como objetivo realizar labores humanitarias para la búsqueda y la localización de los desaparecidos, para lo cual se deberá crear un Plan Nacional y elaborar e implementar un Registro Nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas en todo el país, para lo cual el gobierno se comprometió a fortalecer al Instituto de Medicina Legal, entre otros.

Igualmente, la Unidad es un mecanismo extrajudicial, que no sustituye ni puede impedir las investigaciones que adelantan las autoridades. Además, debe garantizar la participación de los familiares de las víctimas y promover su atención psicosocial.

Entre sus tareas igualmente está entregar informes a la Comisión de la Verdad y a la JEP y podrá tener acceso a las bases de datos oficiales y a información reservada.

La directora Monzón tendrá además un Consejo Asesor que estará integrado por delegados del Ministerio del Interior, de Salud, de Justicia, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Unidad de Víctimas, del Instituto de Medicina Legal, de la Consejería para los Derechos Humanos, de la Mesa Nacional de Víctimas, de dos delegados de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada y de secuestro.

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