Enfrentamientos de grupos armados dejan 3.200 personas desplazadas en Chocó
Luego de 20 días de combates entre miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, al menos 3.200 pobladores de 17 comunidades del municipio de Alto Baudó, al occidente del departamento del Chocó, se vieron obligados a abandonar sus predios para salvaguardar sus vidas.
Así lo reveló, Luis Murillo, defensor regional del Pueblo, quien además aseguró que “dentro de la población se encuentran 76 menores lactantes y al menos 40 madres gestantes, quienes están en precarias condiciones de habitabilidad y salud”.
La situación se agravó este fin de semana con una nueva oleada de combates entre los grupos al margen de la ley, quienes mantienen en condición de confinamiento a ocho comunidades afros e indígenas de la zona.
El pasado fin de semana una menor de 16 años falleció, “al parecer como consecuencia de una sobre medicación de pastillas contra el paludismo, y al menos 200 casos de emergencia sanitaria han debido ser atendidos por el centro de salud de Pie de Pató, cabecera municipal”, donde permanecen al menos 1.500 de las 3.200 personas desplazadas, aseguró Murillo.
La presencia de minas antipersonal es uno de los flagelos que aqueja a estas poblaciones del occidente colombiano, y es uno de los factores que agudiza la crisis de movilidad. Según el funcionario “estamos asistiendo a una emergencia humanitaria que fue advertida con al menos dos meses de anterioridad, y que no fue atendida en debida forma, de hecho se concretaron los riesgos y es así que se evidencia la emergencia actual”.
Los enfrentamientos entre las AGC y el ELN han afectado a otras seis comunidades que permanecen en confinamiento en los ríos Amparradó, Apartadó y Dubasa, donde se calcula que al menos 800 personas padecen de este flagelo.
Aunque la Defensoría del Pueblo ha establecido un cronograma para la atención de las familias afectadas, hay zonas del territorio en las cuales no se ha logrado el ingreso de verificación, pues no cuentan con garantías de seguridad.
Ante esta situación, la iglesia católica se pronunció rechazando los hechos de violencia que aquejan a la población civil, exigiendo al comando central del ELN la liberación de los secuestrados en su poder en Chocó, y solicitando al Gobierno Nacional la instalación de una mesa de diálogo que permita el establecimiento de un “Acuerdo Humanitario ¡Ya!” para esta región del país.
Entre tanto, en el municipio de Alto Baudó, las comunidades de Pie de pato, Boca de león, Catrú central sirven de poblaciones receptoras a las 3.200 personas desplazadas por los enfrentamientos.
