Directivos de la concesionaria Ruta del Sol son llamados a juicio disciplinario
La Procuraduría General formuló pliego de cargos a los directivos de la Concesionaria Ruta del Sol, por presunta falsedad en un documento que habría autorizado el pago por más de 9.400 millones de pesos a la Sociedad Profesionales de Bolsa.
Se trata del representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, Eder Ferracuti, y los miembros de la junta directiva, Eleuberto Martoreli y Alberto Mariño. Quienes al parecer aceptaron prestar los servicios de asesoría financiera y banca de inversión de un contrato presuntamente falso.
“Al representante legal de la concesionaria la presunta suscripción del documento (de fecha 27 de octubre de 2014) a través del cual comunicó a la Compañía de Profesionales de Bolsa S.A, que debidamente facultado para el efecto, aceptaba la oferta mercantil de marzo 27 de 2014. Cuyo objeto era la prestación de servicios asesoría financiera y banca de inversión, perfeccionando de esta manera un contrato presuntamente falso, en virtud del cual habría autorizado pagos por un valor de $8.378.000.000, y total incluido IVA de $9.467.270.400, cifra que al parecer superaba el límite estatutario de contratación sin autorización de la junta directiva", explica el Ministerio Público.
Para la Procuraduría, con esta conducta Ferracuti habría utilizado indebidamente recursos públicos, permitiendo su apropiación a favor de un tercero.
Además en el caso de Martoreli y Mariño falsificaron el acta de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, para incluir la autorización de Ferracuti, con el fin de que contratara la firma Profesionales de Bolsa.
“Presuntamente, en los meses de marzo y abril del año 2015, se pusieron de acuerdo para falsificar el acta de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de fecha 21 de febrero de 2014, (...) aspecto que no fue aprobado en la reunión", especificó la Procuraduría.
Por estos hechos, para el Ministerio Público los investigados presuntamente incumplieron el deber de obrar de buena fe, el de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, y el de observancia de lo pactado en el contrato.
