Víctimas en Caldas siguen a la espera de ser indemnizadas
Por: Juliana Villanueva Bedoya.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV) en el departamento de Caldas hay 124.732 víctimas del conflicto armado, de ellas solo han sido indemnizadas un 12 % y la vigencia de la Ley 1448 que es la que cobija a esta persona se acaba en dos años, lo que genera preocupación a las víctimas que aún esperan su indemnización. En todo el país hay cerca de 8.871.000 víctimas registradas en el RUV.
Hablamos con cuatro víctimas del conflicto armado y todas coincidieron en algo: el trámite es largo, desconfían de la eficiencia del proceso y no consideran que lo que reciben sea suficiente. Algunas de las víctimas prefirieron no dar su nombre completo por cuestiones de seguridad.
El proceso
El camino para acceder a la indemnización tiene varios pasos, el primero de ellos es declararse como víctima ante el Ministerio Público, después de esto, la Unidad de Víctimas quien es la que regula este proceso debe verificar que la persona declarante sí sea realmente una víctima. Mientras todo esto ocurre, la persona puede acceder a una ayuda humanitaria, que, según el director nacional de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, se ha entregado en un 80 % de los casos.
Después de recibir esta ayuda humanitaria, la víctima pasa a recibir una ayuda de transición que le entregarán hasta que supere la condición de vulnerabilidad (si es que la tiene), finalmente y después de revisar el caso puede acceder a la indemnización.
Sin embargo, la lista de espera para la indemnización es larga, pues gracias a la Resolución 1049, se prioriza a los adultos mayores, personas con enfermedades terminales o con algún tipo de discapacidad, dejando por el momento, a las otras víctimas en espera.
José Wilson, por ejemplo, es una víctima de desplazamiento del municipio de Samaná ubicado en el oriente del departamento de Caldas. Según él “La Unidad para la Atención a las Víctimas del Conflicto no ha cumplido con la reparación integral, nuestra gente se muere sin ser indemnizada y solo quedan dos años de esa ley, no sabemos qué va a pasar con nosotros”.
En esto está de acuerdo Fernando, otra persona que fue desplazada de Samaná por el conflicto armado. Él complementa diciendo que considera que el proceso tiene muchas “trabas” y que las víctimas no están quedando satisfechas.
Samaná es el municipio de Caldas que más víctimas registra, pues el 85 % de su población se declara como tal.
Sobre la preocupación por la Ley, el director de la Unidad expresa que depende del Congreso determinar si se da o no la prórroga. “Sabemos que los avances han sido lentos, pero estamos intentando cumplir con la meta de 700.000 víctimas indemnizadas en los últimos cuatro años de la ley, el Congreso será quien determine si la ley tiene prórroga, ya que es una ley transitoria”, afirma Ramón Rodríguez.
Presencia estatal
Para Fabio Vargas, víctima del conflicto armado también en el oriente del departamento, ha hecho falta la presencia del gobierno central en la reparación de las víctimas. “No se puede desconocer el trabajo que han hecho las agencias por nosotros, pero hace falta más presencia estatal para seguir apoyando el desarrollo rural de los campesinos”, afirma Vargas.
Según el director de la Unidad, el ritmo de reparación es lento, pero tiene frutos, pues anualmente logran indemnizar en promedio a 100.000 víctimas, aunque el Gobierno pidió que prendieran los motores para indemnizar a 700.000 en cuatro años.
“Samaná por ejemplo tiene 21.000 víctimas y hay programas del Gobierno que llegan con cupo para 720 personas, es una proporción mínima y finalmente la plata de esos programas llega más fácil a los capacitadores que a las víctimas”, afirma Jonh López, uno de los representantes de las víctimas en la mesa departamental, quien manifiesta que la reparación ha sido muy lenta.
López agrega que en las jornadas de indemnización de este año no han logrado indemnizar ni a 80 personas en este municipio.
Por su parte, el director de la Unidad explica la demora diciendo que se migró de una Ley como la 387 de 1997 que hablaba solo del desplazamiento y a la 1448 que abarca varios aspectos de la Justicia Transicional y allí se habla de la reparación que es mucho más costosa: “Son hasta 40 salarios mínimos dependiendo del hecho victimizante, lo que hace que sea costoso y que el ritmo no sea tan rápido”, puntualiza.
