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Procuraduría denunció falta de control en calidad de pruebas del Covid-19

El ente de control afirma que le preocupa un riesgo de contagio y el dinero perdido por inversión del estado.

Tras realizar una visita al Instituto Nacional de Salud (INS), la Procuraduría General evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el rotulado, embalaje y traslado de las muestras para diagnosticar Covid-19.

El ministerio público encontró que se presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva a volver a tomar las pruebas.

Ello, según el ente de control, no solo es preocupante por el riesgo de un contagio, sino porque cada muestra le cuesta al sistema $380 mil pesos.

Además, encontró que aunque las direcciones territoriales deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas, solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.

Adicionalmente, se vendrían presentando demoras en la socialización de los resultados, lo que genera que los tratamientos médicos se dilaten “de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con Covid-19, además de aumentar el riesgo de nuevos casos”, explicó.

Finalmente, la Procuraduría hace un llamado a los secretarios de salud departamentales, municipales y distritales a gestionar la implementación inmediata de rutas de transporte para el personal médico asistencial, público o privado que están enfrentando la pandemia para que de esta manera se garantice su seguridad.

De la misma manera, se debe garantizar la protección de los conductores que los transporten respetando los protocolos existentes. “Su operación dará un alivio a los profesionales de la salud, garantizará su movilidad, su seguridad personal y evitará el contacto y potencial contaminación hacia los ciudadanos que se movilizan en medios de transporte público”, concluyó la Procuraduría.

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