Tribunal ordenó al Gobierno y Congreso solucionar el hacinamiento carcelario en el país
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente Gustavo Petro y al Congreso que tomen las medidas necesarias para superar el hacinamiento en las cárceles del país que viene incrementado las violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad, así como al medio ambiente sano y al acceso a los servicios públicos.
Al estudiar una acción popular de varios reclusos, el Tribunal indicó que es preocupante la falta de acceso a servicios públicos, así como que desde que el Estado liquidó Caprecom, ninguna EPS ha accedido al aseguramiento en salud de los internos.
En cuanto a la educación, de acuerdo con los privados de la libertad, el 25% de los reclusos son analfabetas, un 60% no terminaron la primaria, y apenas un 5% tiene una carrera profesional, lo que para el Tribunal es grave teniendo en cuenta que “la prestación del servicio educativo en las cárceles resulta deficiente, entre otras cosas, por la existencia de analfabetismo en la población carcelaria”.
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Ante estos hechos y teniendo en cuenta que se mantiene el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en cuanto a la situación carcelaria, el Tribunal ordenó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realice estudios técnicos para presentarle al Gobierno alternativas y salidas a la crisis carcelaria y “si así lo tienen, ejerzan iniciativa legislativa que tenga como propósito superar el estado de hacinamiento carcelario, con base en criterios de igualdad y sustentados en la resocialización de las personas privadas de la libertad”.
Finalmente, el Tribunal le ordenó al Inpec certificar el nivel de ocupación de todos los centros de reclusión, el aseguramiento y el estado de la prestación de servicios de salud y educación para los reclusos.
A la par que se conocía esta decisión, la Corte Constitucional se encontraba visitando las estaciones de Policía de Bogotá que funcionan como Centros de Detención Transitoria para verificar la situación de las personas recluidas en ellos y si se cumple lo ordenado por este alto tribunal para garantizar sus derechos.
